Así negocia Daniel Ortega la justicia en Nicaragua

LA PRENSA tuvo acceso a la trascripción de una reunión realizada en octubre pasado donde 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia consultan, siguen orientaciones e informan a Ortega sobre un litigio de propiedad.

17/04/2017
autoritarismo, corrupción en Nicaragua, daniel eortega, el departamento de estado

LA PRENSA/ARCHIVO

El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, se habría implicado en la pugna legal que enfrenta a la empresa Camarones del Pacífico (Campa) con la familia Navarro Soza, por la posesión de 1,101 manzanas de la finca Santa Rita de Hato Nuevo, ubicada en Chinandega, lo cual violenta la independencia de poderes establecida por el artículo 129 de la Constitución Política de Nicaragua.

LA PRENSA tuvo acceso a una trascripción de una reunión realizada el 21 de octubre del 2016 de la Comisión Especial de Registros conformada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, Alba Luz Ramos y Francisco Rosales Argüello, que conforman la Dirección Nacional de Registros. También participaron dos funcionarios del Registro Público de Chinandega: Maritza Halleslevens y Eduardo Ortega Roa; participó también Estrellita del Carmen Troz Martínez, por el Registro Público de Managua; y Clara Nimia Cruz Castillo, por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

Lea además: Magistrado viola ley expressa al representar al FSLN en un congreso

En este encuentro se abordó el tema relacionado con el conflicto de la familia Navarro Soza con Campa por Santa Rita de Hato Nuevo. LA PRENSA, por medio de una investigación periodística publicada el 31 de agosto del año pasado sobre el peso de las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, reveló la existencia de la pugna por esta propiedad.

En la trascripción, el magistrado Solís revela a los demás participantes del encuentro las conversaciones que Ortega habría sostenido con miembros de la familia Baltodano Cantarero, para discutir sobre este asunto.

Campa es propiedad de Emilio Baltodano Cantarero, hermano del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, ministro de Inversiones y secretario de la Corporación de Zonas Francas. Los otros socios fundadores de la empresa son Alfredo José Marín Ximénez y Alberto Chamorro Chamorro.

LA PRENSA buscó la versión de los magistrados del poder judicial que participaron en la reunión en la cual se abordó el conflicto de Campa con el poder judicial.

Sin embargo, el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, respondió a la consulta: “Los magistrados me expresaron que prefieren no hablar de este tema por ahora”. Insistimos en obtener una versión de los magistrados por medio de solicitudes de entrevista por escrito, que fueron recibidas en las oficinas de prensa del poder judicial. Sin embargo, estas no fueron atendidas por los magistrados.

El resultado de este encuentro se condensó en un i nforme enviado el 25 de octubre del 2016 al presidente Ortega, por los magistrados Ramos, Solís y Rosales. (Ver imágenes abajo).

Daniel Ortega quiere que pague el Estado

“El doctor Rafael Solís manifiesta que después de haber hablado sobre el caso Campa con la doctora Estrellita Karen Bonilla, llamó al comandante para no tomar una decisión precipitada (…) que la última decisión la había tomado el presidente que supuestamente estaba reunido con los Baltodano. Le dijo que resultare lo que resultare, si hay un área ocupada o no, independientemente del área, que la iba a asumir el Estado”, señala la primera parte de la trascripción.

“Posteriormente, el doctor Hernán Estrada (procurador general de la República) iba a hacer una negociación con ellos (la familia) y que se le pagare a la familia Navarro Soza, si hubiese un área de la familia dentro de la concesión y que no fueran los de Campa los que pagarían, por la cantidad de años de inversión que han hecho, ya que estos tenían más de veinte años de estar allí, pero antes tenían que quedar claro cómo es todo eso”, añade la trascripción.

En otro añadido de la trascripción se cita al magistrado Solís: “El comandante lo que quería es que mandáramos la recomendación, donde nosotros ya tomáramos la decisión, lo que cabe si se toma la decisión, es una negociación, que es lo más práctico y se les paga o se declara de utilidad pública, aunque sería más alborotado en estos momentos, o después del seis (de noviembre de 2016, día de las elecciones), pero hay que tomar una decisión”.

A continuación, se cita a la magistrada Ramos: “El problema es que no es de utilidad pública, más bien es de utilidad particular”. El magistrado Solís responde: “Por eso es parte del problema que va afectar con una declaratoria de utilidad pública, con un terreno que está haciendo (sic) usado por una empresa particular, lo más recomendable es una negociación”.

En otro apartado de la trascripción se deja entrever que la postura de Ortega sobre este caso, es que el Estado sea el que indemnice a la familia Navarro Soza, algo que produjo una diferencia con el magistrado Rosales.

Magistrado Rosales: “Yo incluso haría pagar a Campa”
Magistrado Rosales: “Lo correcto es la negociación”. La magistrada Ramos añade: “Para mí también”.
Magistrado Rosales: “Transacción. La escritura se lleva ante el juzgado, se dicta sentencia y se manda a cancelar o la misma transacción, produce qué cosa, una compra venta de parte de los Navarro Soza al Estado, que es el que está interesado en este caso, en meter la mano en lugar de Campa. Yo incluso haría pagar a Campa”.
Magistrado Solís: “Bueno, eso fue la segunda decisión, pero después el comandante tomó la tercera, que vale a la primera, a la primera, que el Estado pagara”.
Magistrado Rosales: “Es de interés de Campa. Quien se beneficia es Campa. Campa debería pagar”. La trascripción completa de este encuentro está disponible en nuestro sitio web.

Magistrados afirmaron que no cabe la anulación registral

En el informe posterior que habrían enviado a Ortega el 26 de octubre del 2016, los magistrados Ramos, Rosales y Solís dejan claro su posición sobre este caso, afirmando que desde su perspectiva jurídica, no cabría la anulación de la inscripción registral hecha por la familia Navarro Soza.

“En consecuencia, habiendo quedado aclarado sobre el derecho real que ostentan los señores Mariano José Navarro Soza, Carmen María Navarro Soza de Montealegre y María Virginia Soza, viuda de Navarro en relación a la finca afectada, no cabe la cancelación parcial ni total, de ningún asiento registral, según los artículos 121 y 122 de la Ley General de Registros Públicos, debido a que no se presenta ninguna de las causales establecidas en dichos artículos”, cita parte del informe enviado al presidente designado.

Se desconoce cuál habría sido la decisión final de Ortega, luego del informe presentado por los magistrados. Sin embargo, el 14 de diciembre del 2016, Campa interpuso una demanda en el Juzgado Segundo del Distrito de lo Civil de Chinandega en contra de Mariano Navarro Soza y su hermana Carmen María Navarro Soza con pretensión de nulidad y cancelación de inscripciones registrales de la propiedad Santa Rita de Hato Nuevo.

Campa advierte falta de seguridad jurídica

La empresa camaronera no ha querido brindar una entrevista a LA PRENSA sobre este caso desde que se publicó la primera investigación en agosto del año pasado. Para esta publicación, dada la nueva información obtenida, se les solicitó por medio de su abogado, de nuevo, una entrevista sobre lo discutido en la Comisión Nacional de Registro en octubre del año pasado. No hubo respuesta a esta nueva solicitud.

El 6 de marzo pasado publicaron un campo pagado en el cual dieron su versión jurídica de su pugna con la familia Navarro Soza. Enfatizaron que cualquier decisión que los afecte en este conflicto, lastimaría el clima de inversiones en Nicaragua.

“Los socios que han venido invirtiendo en esta empresa por 25 años y que a través de otras compañías también invierten en diferentes áreas de la economía nacional; consideran que la seguridad jurídica significa el respeto a los derechos obtenidos siguiendo todos los procedimientos legales y que sería nocivo para la estabilidad económica del país, una afectación originada por las actividades de estos particulares”, cita un extracto del campo pagado.

“Si llega a materializar este despojo, el Estado de Nicaragua tendría una enorme responsabilidad y muy probablemente pocas empresas se atreverían a invertir ante la falta de seguridad jurídica en un momento (en) el cual el país necesita atraer la mayor cantidad de inversión”, añade el campo pagado de Campa.

Las dos partes en conflicto

La familia Navarro Soza denuncia que Camarones del Pacífico, supuestamente aprovechando los vínculos de sus dueños con el ministro de Inversiones, Álvaro Baltodano, intenta confiscarles 1,101 manzanas de la finca Santa Rita de Hato Nuevo, la cual fue comprada e inscrita por el patriarca de la familia, Mariano Navarro Gasteazoro en 1958.

Los empresarios de Campa alegan que los terrenos en los que opera la camaronera les fueron concesionados por el Estado desde 1992, para explotar el cultivo del camarón. Aseguran que han hecho inversiones directas por más de 15 millones de dólares y que generan más de 800 empleos en la zona.

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Comentarios

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  • Agateyte

    Nicaragua
    nicaraguita

  • maquiavelo.maquiavelico

    que chiva este diario no publica como antes tiene miedo

    en otros abra criterios lo que yo hago para el bien

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