La Corte Suprema de Justicia colgó en su página web una nota de prensa suscrita por “redacción central”, en la cual se dice que la ayuda memoria de una reunión de la Comisión Especial de Registros (CER) de dicha instancia superior del poder judicial, publicada por LA PRENSA el lunes 17 de esta semana, es apócrifa, o sea falsa.
En dicha ayuda memoria —que fue obtenida por LA PRENSA de fuentes del poder judicial y está hecha en papel oficial de la Corte Suprema de Justicia— se pone en evidencia la intromisión de Daniel Ortega en los asuntos propios de la justicia, al dar cuenta de la discusión sobre un litigio de propiedad en el que participaron la presidenta del poder judicial y los dos principales magistrados sandinistas de dicha Corte.
Como es de rigor periodístico, LA PRENSA solicitó una entrevista con los magistrados mencionados en la ayuda memoria, dejándoles saber el porqué de la solicitud. Sin embargo, esta no fue atendida por los magistrados.
Cabe mencionar que por nuestras publicaciones sobre este singular litigio de propiedad que ha sido objeto de especial atención de los magistrados integrantes de la CER —y del mismo Daniel Ortega, según la ayuda memoria publicada—, se ha dicho que nos hemos parcializado a favor de una de las partes en conflicto.
Pero no es cierto. En este caso, ni en ningún otro conflicto judicial, no tenemos interés económico, ni político, ni de amiguismo. Nuestro único interés es que se haga justicia.
Para nosotros la justicia es, como principio, el reconocimiento de lo que corresponde a cada quien en cuanto a derechos y deberes frente al Estado y la sociedad; que el tribunal o juez correspondiente escuche a las partes de un litigio y sentencie lo que en derecho corresponde; y que para cumplir cabalmente esa función, la justicia tiene que ser independiente de los demás poderes del Estado y de cualquier interés que no sea el de reconocer a cada quien lo suyo y fallar en correspondencia.
Pero no es esa la justicia que hay en Nicaragua, debido a que Daniel Ortega concentra en sus manos todos los poderes del Estado y los ejerce de manera autocrática y dictatorial.
Hay quienes dicen que está bien que Daniel Ortega se inmiscuya en la administración de justicia, si es para favorecer a personas que lo necesitan. Pero eso es ilegal, arbitrario e inaceptable. Como presidente designado por el poder electoral Ortega solo tiene las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes. Y en el orden judicial, su única facultad es proponer a la Asamblea Nacional candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la que debe de funcionar de manera independiente según la misma Constitución.
De manera que si algo apócrifo hay en Nicaragua actualmente, bajo el dominio absolutista de Daniel Ortega, es precisamente la justicia, al carecer de la independencia que requiere para ser honesta y verdaderamente justa.