Los diputados que impusieron la Ley 840, para otorgar la concesión de la construcción y operaciones del Canal Interoceánico al chino Wang Jing, desconocen si hay avances en torno al megaproyecto.
La última información sobre el proyecto que tiene la diputada sandinista designada, Jenny Martínez, es el estudio de impacto ambiental, Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Canal Interoceánico, que la concesionaria HKND Group le entregó al Gobierno en 2015.
Pero sobre las obras de inversiones en la construcción del Canal no sabe nada Martínez. “No tengo información” sobre eso, admitió la legisladora sandinista, quien es presidenta de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional.
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Los legisladores sandinistas aprobaron en 2013 la Ley 840, enviada por el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, pese a ser denunciada como inconstitucional por los entonces diputados opositores, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y campesinos, porque se le entregó la concesión del Canal a Jing por cincuenta años, más otros cincuenta años prorrogables.
La empresa concesionaria HKND Group había anunciado que la primera gran obra vinculada al Canal, como es el puerto de aguas profundas en Brito, Rivas, se empezaría a construir en diciembre de 2015, luego dijo que sería a finales de 2016. Pero hasta ahora nada se ha materializado y el Gobierno mantiene silencio sobre qué pasará con su megaproyecto.
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Martínez refirió que “como se trata de un proyecto grande, va por fases y hay que esperar que avance el cronograma de trabajo de ellos (de la concesionaria)”.
La líder del movimiento campesino anticanal, Francisca Ramírez, ha asegurado que enviados del Gobierno le han afirmado que el Canal no se realizará.
Sin embargo, al ser abordado al respecto el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, afirmó que “esa es una especulación de algunos”.
Pero Castro no aclaró si el megaproyecto llegará a concretarse.
Pedirán derogación formal
Mientras diputados del Partido Liberal Constitucionalistas (PLC), colaboracionistas del oficialismo, preparan una iniciativa para derogar la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas (Ley 840).
Adilia Salinas, diputada designada al PLC, informó este viernes que la iniciativa para pedir la derogación de la Ley 840 “ya está avanzada” y que en los próximos 15 días “vamos a presentarla en la Primera Secretaría de la Asamblea, vamos a intentar que nos la acepten”, dijo.
“Sabemos que tenemos el no (a que la tramiten), pero nuestro trabajo es buscar el sí. La propuesta que vamos a presentar recoge insumos de la (iniciativa) que le rechazaron al movimiento campesino”, refirió Salinas.
Sabemos que nos enfrentamos a la aplanadora sandinista, pero es mi deber pedir formalmente que se derogue la Ley 840, porque la mayoría de los nicaragüenses estamos en contra de esa Ley por sus consecuencias”. Adilia Salinas, diputada del PLC.
Ortega contra campesinos
El movimiento campesino anticanal ha sufrido la represión del gobierno de Daniel Ortega, que, usando a la Policía le ha reprimido durante las marchas que han realizado para exigir la derogación de la Ley 840.
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Ortega también ha usado el control sobre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional contra los campesinos, ya que en 2016 el Legislativo rechazó tramitar la iniciativa ciudadana para derogar la Ley 840.