Es hora que las naciones democráticas y los demócratas del mundo decidan ser más firmes y solidarios en defensa de la libertad. Habría menos dictaduras y pueblos aplastados en el planeta, si los déspotas, o aspirantes a serlo, supiesen que sus acciones autoritarias cosecharían una activa repulsa internacional; pero no como las que suelen quedarse en papel, como tantas veces pasa con las solemnes declaraciones que organismos internacionales —OEA, ONU, etc.— suelen emitir rutinariamente a favor de los derechos humanos y las libertades públicas, si no repulsas que se tradujesen en medidas concretas y contundentes.
Escribo lo anterior motivado por el calvario del pueblo venezolano. Por ese espectáculo patético de ciudadanos desesperados, que luchan con sus manos contra un dictador empecinado en pisotear la voluntad popular con mil clases de argucias y el respaldo de fusiles. No es decente, ni mucho menos solidario, que las democracias del continente, o los distintos poderes morales del mundo, se limiten a proferir protestas retóricas o píos llamados al diálogo.
Casos como Venezuela reclaman la necesidad de superar los pragmatismos a ultranza que hace que muchos gobiernos y pueblos cierren los ojos ante los desmanes de los poderosos. La defensa de la libertad y los derechos inalienables de los seres humanos exigen ser menos tolerantes ante los abusos y más fieles a principios o exigencias morales. Aunque esta actitud puede ser fácilmente criticada como “principista”, por quienes se profesan practicantes del “real politik”, la verdad es que, a largo plazo, es la más útil para asegurar un futuro más libre de tiranías y atropellos. Si no, veamos en la historia, los muchos casos en que apaciguar a los agresores no ha hecho más que afilarles los colmillos.
Seguramente, también, se escucharán voces criticando de injerencistas o contrarios a la soberanía nacional, a los gobiernos o instituciones que decidan tomar medidas concretas contra los que atropellan a sus pueblos. Al respecto es preciso recordar que la soberanía no reside en los gobiernos o estados, sino en los ciudadanos, y que cualquier régimen que niegue a ellos el derecho de elegir y quitar libremente a sus autoridades, no puede alegar a su favor un principio que pisotea en su propia casa. Respeto solo merecen los gobiernos que respetan a sus pueblos; los que acatan la voluntad popular y protegen sus derechos.
Recordemos también lo muy fieles que han sido las izquierdas al principio del internacionalismo revolucionario, apoyando activamente las luchas contra los dictadores de derecha —como ocurrió, por ejemplo, en Nicaragua, con el dictador Somoza—. Es tiempo que ahora los países, ciudadanos y organizaciones amantes de la libertad y la democracia, ejerzan su propio internacionalismo a fin de que el pueblo venezolano se libere del yugo a que lo tiene sometido Maduro.
El menú de acciones a tomar es amplio. Algunas naciones pueden aplicar sanciones económicas. Otras pueden romper relaciones, si bien el problema con estas medidas es que frecuentemente castigan a las poblaciones sin obtener resultados. Algo quizás, más práctico, justo y sencillo, podría ser el tomar acciones directas contra los responsables de los abusos y sus cómplices. Como sería que las naciones que se precien de democráticas les negaran visas o entradas a sus países, o que también congelaran todos sus activos o cuentas bancarias en el exterior, o impidan a los bancos transar con empresas; ponerlos, por así decir, en una lista negra tipo Interpol y dejarlos confinados a moverse solamente en el grupito nada atractivo de destinos autocráticos como Cuba, Rusia, Irán, o Corea del Norte.
Es hora de una solidaridad democrática que enfrente decididamente a los dictadores.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
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