Es jueves y el sol pega como látigo en la comunidad de Santa Lucía, perteneciente a la colonia La Fonseca, Nueva Guinea, uno de los lugares escogidos por el Gobierno para que pase el gran Canal Interoceánico. Entre el ir y venir de los campesinos, en un día de comercio, se encuentra Francisca Ramírez, de 40 años de edad, quien con un lápiz y libreta en mano ha iniciado su acostumbrada jornada laboral en el comercio, comprando productos agrícolas, reses y cerdo, con la ayuda de su esposo Migdonio López Chamorro.
Morena, de baja estatura, activa y una mujer de carácter fuerte, pero amena conversadora, Francisca Ramírez o doña Chica como le llaman, se ha convertido en el símbolo de la lucha por la defensa de la tierra y la lucha anticanal.
Desde que ve llegar a la zona al equipo de LA PRENSA, que ha recorrido 322 kilómetros desde Managua para encontrarla, expresa: “Así es que nos ganamos la vida los campesinos. No somos haraganes ni vagos, como dice el Gobierno. Hacemos producir nuestras tierras fértiles y preciosas”.
LA PRENSA visitó además las comunidades en el Caribe Sur de Punta Gorda, Puerto Príncipe y la colonia La Fonseca y sus comunidades, territorios por donde según los campesinos pasará la ruta del gran Canal Interoceánico, el cual se proyectó que medirá 278 kilómetros y cuyo costo sumaría los 50,000 millones de dólares.
La historia del Canal es un sueño de siglos en Nicaragua, pero Daniel Ortega, presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), entregó la concesión al desconocido empresario chino Wang Jing .
Según los promotores, el gran Canal cruzaría el país desde Brito en Rivas, ubicado al sur, pasando por el lago Cocibolca, hasta Punta Gorda, en el Caribe Sur.
En 2013, la bancada sandinista aprobó la Ley 840, la que los campesinos sostienen unánimes que debe ser derogada, porque los amenaza con la confiscación de sus tierras. Su inconformidad la han manifestado en 87 marchas desde entonces.
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Para sus críticos, la promesa de Ortega luce cada día más irrealizable, dado que cuatro años después no hay mayor avance en las obras, mientras sigue sin aclararse cómo se financiará el megaproyecto.
LA PRENSA trató de contactar a Telémaco Talavera, para abordar detalles del proyecto canalero, pero no respondió su celular.
Represión policial
En el corazón de la lucha anticanal, su líder Ramírez insiste en el trato que les ha dado el Estado por oponerse a la idea del proyecto. “Este Gobierno nos ha cerrado todas las puertas. Vamos a la Asamblea Nacional, vamos a la Corte Suprema de Justicia y las puertas para nosotros están cerradas. Nos cierran puertas y nos reprime con su Policía”, lamenta Ramírez.
Sin embargo, ella deja claro: “La lucha por eso no se parará. Vienen más marchas, con más unidad de los campesinos y nos preparamos para denunciar al Estado de Nicaragua al extranjero, por violaciones a nuestros derechos humanos. Iremos a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, resaltó.
En diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional la Ley 840, argumentando que no viola la Constitución Política de Nicaragua y que es un proyecto de desarrollo para el país.
A raíz de esa decisión, se introdujeron decenas de recursos de amparo por considerar inconstitucional la polémica ley canalera, pero el poder judicial controlado por el orteguismo las rechazó.
Vigilancia de Estado
Medardo Mairena, vicecoordinador del Movimiento Campesino y el líder en Puerto Príncipe en la lucha contra el Canal, asegura que las marchas son el recurso que les queda para hacer escuchar su voz.
“El Gobierno nos reprime, nos vigila, nos espía, en fin, hacen de todo por desmontar nuestra lucha y hasta pretender dividir al movimiento; entonces, el único mecanismo que tenemos los campesinos es alzar nuestras voces por medio de las marchas las que hemos venido realizando de forma muy pacífica, pero de forma sostenidas”, asegura.
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El dirigente campesino, también llama a la población a apoyar la lucha de los campesinos. “Sé que mucha gente no se manifiesta por miedo; pero deben perderlo: les quiero recordar que esta Ley 840 es una ley entreguista que ofrece nuestro territorio a un extranjero, entonces, este problema nos abarca a todos los nicaragüenses. Esta lucha es (por la) soberanía. Es por la patria”, señaló Mairena.
En la comunidad de Punta Gorda, Nemesio Mejía, dirigente del Movimiento Campesino, dice que las tierras del lugar son preciosas y que es un deber conservarlas.
“Estas tierras son bellas, miren qué belleza de este río (río Punta Gorda), aún hay muchos bosques vírgenes; estas tierras son nuestra razón de vivir y por eso yo les digo a los campesinos, a mi familia, incluso, hago un llamado a la clase política y económica de este país que es nuestro deber cuidar y proteger nuestras tierras que han sido ofrecidas a un chino”, indica el campesino, uno de los habitantes de la comunidad El Diamante, a donde solamente se llega transportado a caballo o en mula.
La Reserva Punta Gorda, área protegida desde 1991, cuenta con una superficie territorial de 638 kilómetros cuadrados. La reserva se encuentra inmersa en la cuenca hidrográfica e hidrológica del río Punta Gorda. Existen en la zona 15 subcuencas hidrográficas, que descargan aproximadamente 1,800 millones de metros cúbicos de agua al año, según investigaciones periodísticas. La reserva también cuenta con una riqueza impresionante en su flora y fauna.
La lucha anticanal
Los campesinos del Movimiento anticanal, también denuncian que el gobierno de Daniel Ortega no impulsa ninguna obra de progreso en sus comunidades, en represalia por oponerse al proyecto canalero y la derogación de la Ley 840.
“Aquí nosotros no contamos con luz eléctrica, no tenemos agua potable, el servicio de salud es casi inexistente y las trochas que tenemos las financiamos nosotros los campesinos. No queremos Canal, sí queremos carreteras y puentes para sacar nuestra producción”, asegura Abel Gatica, de la comunidad de El Paraíso de Aguasarcas, de la colonia La Fonseca.
Al ver la falta de interés gubernamental, Francisca Ramírez dice que pagan a un ingeniero porque quieren hacer una carretera de 20 kilómetros. “Ya que el Gobierno nos niega ese derecho, vamos a golpear las puertas de embajadas en nuestro país pidiéndoles nos donen esa carretera”, sostiene con dignidad esta mujer.
Estrategia del gobierno
La abogada Mónica López, asesora legal del Movimiento Campesino, expresó que el sector campesino tiene “que revisar sus estrategias movilizativas”, para contrarrestar las acciones del Gobierno.
López asegura que la represión del Gobierno contra los campesinos ha sido constantemente denunciada ante la comunidad internacional. Doña Francisca Ramírez está segura que la represión contra los campesinos continuará, no obstante, reitera que el éxito radica en seguir organizándose y aumentar las marchas. “Solamente que el Gobierno derogue la Ley 840 vamos a estar tranquilos. Mientras esté esa ley nosotros no viviremos en paz y no estamos dispuestos a que el Gobierno entregue nuestro patrimonio a Wang Jing”.
Atentado a hijo de doña Chica
El 23 de abril de 2017, un día después de la marcha 87, Maynor López Ramírez, de 19 años e hijo de doña Francisca Ramírez, sufrió un accidente cuando se transportaba en su motocicleta. En el camino le colocaron alambres de púas que casi le ocasionan la muerte, resultando con heridas en brazos y piernas.
La líder anticanal presentó la denuncia ante la Policía de Nueva Guinea, pero nunca investigaron el incidente, lo que para ella deja en evidencia la falta de voluntad del Estado en desentrañar lo que allí ocurrió.
