El Gobierno presentará en 15 días nuevos datos sobre pobreza que recoge una encuesta que cada año realiza el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), informó ayer la vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo.
En su habitual comparecencia de mediodía, Murillo dijo que “habían buenos resultados” de la encuesta de medición de vida que cada año realiza Inide.
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“Adelantamos que hay una encuesta que da seguimiento a la lucha contra la pobreza que tiene muy buenos resultados, gracias a Dios”, sostuvo Murillo, al tiempo que señaló que fue el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, quien le adelantó dicha información.
Desde el cuarto trimestre del 2012, el Inide no publica los resultados de la Encuesta Continua de Hogares, que recoge información clave sobre la evolución, por ejemplo, del empleo, la calidad de estos y el comportamiento por categoría ocupacional. También se puede conocer el comportamiento de la informalidad y formalidad, así como el nivel educativo de los que están en el mercado laboral.
Entre los críticos a esta negativa del Inide de publicar los resultados de esta encuesta, figura el economista Adolfo Acevedo, que en uno de sus artículos de análisis que habitualmente difunde, señaló que “la razón más probable es que, como ocurre en innumerables otros casos, la información se deja de publicar cuando el cuadro que describe no resulta halagador para los funcionarios”.
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Y las encuestas se están realizando. En un análisis del 26 de abril, Acevedo señala que en el informe de liquidación de Presupuesto 2016, claramente se señala que para la Encuesta Continua de Hogares “se visitaron 26,880 viviendas, cumpliendo la meta planificada en 100 por ciento y se entrevistaron 23,233 hogares a nivel nacional. Por octavo año consecutivo el Inide logró la implementación de la Encuesta Continua de Hogares y se elaboraron 4 reportes estadísticos trimestrales sobre los indicadores del mercado laboral”.
De ahí es que Acevedo se pregunta: “¿Con qué derecho los funcionarios se arrogan la facultad de negarnos a los ciudadanos el acceso a una información que por naturaleza es pública y ha sido recolectada y procesada con recursos públicos?”.
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