Me consta, aunque por las circunstancias propias de Nicaragua no puedo revelar su nombre ni detalles que permitan ubicarlo, el caso de un empresario que tuvo que vender su negocio a un familiar de Ortega, tras recibir el tratamiento del garrote y la zanahoria. Su caso no es único. Es un fenómeno en expansión, producto del actual modelo político.
Recientemente Confidencial publicó un iluminador artículo al respecto de Carlos Fernando Chamorro (https://confidencial.com.ni/modelo-cosep-regimen-ortega/) junto con una entrevista al destacado empresario salvadoreño de origen nicaragüense, Luis Cardenal. Hay que leerlos. Lo que básicamente plantean es que, aunque el gobierno de Ortega ha beneficiado al sector privado a través de un modelo o alianza corporativista, esto no es sustentable a largo plazo.
Las razones, más que las reacciones internacionales que produce la política exterior de Ortega, son la total concentración del poder en la familia gobernante, con la consecuente falta de independencia de los poderes del Estado —incluyendo la Contraloría, la Fiscalía y, en particular, el poder judicial— empeorada por una ausencia de transparencia y rendición de cuentas que fomenta la corrupción.
Cardenal puso el dedo en la llaga preguntando: “¿Qué estabilidad a largo plazo puede tener una empresa cuando vos sabés que no existe un sistema judicial que imparta adecuada justicia? A la hora que vos tengás un conflicto con un competidor tuyo, pero que sea más amigo del dictador que vos, ¿quién va a ganar?”
Chamorro y Cardenal muestran como el problema se agrava ante la tendencia expansiva de los negocios de la familia gobernante y sus allegados. Hoy día el sector privado de origen orteguista es tan, o más grande, que el sector privado tradicional. Su fuente principal de crecimiento han sido los cuatro mil millones de dólares de la cooperación venezolana que han ido a parar al complejo de empresas privadas de Albanisa, manejadas en forma totalmente opacas por los operadores de Ortega. Con la actual disminución de dichos fondos, y el crecimiento de los familiares de los allegados
—hijos, cuñados, amigos— esta nueva oligarquía irá incursionando cada vez más en otros sectores.
Entonces, se vuelve a preguntar Cardenal: “Si resulta que vos estás en ese negocio que él se quiere meter ¿vos creés que vas a tener chances de competir?, ¿a quién le dan el permiso, a quién no se lo dan?, ¿quién gana la licitación, quién pierde?, ¿a quién le ponen la multa, a quién no?, ¿a quién lo persiguen fiscalmente o a quién lo dejan ir? ¿Vos podés competir?
Triste panorama. Pues para muchos la mejor alternativa de supervivencia será asociarse con los de la macolla orteguista, lo que hará inevitable que se multipliquen los empresarios cómplices, serviles y obsequiosos —como ya está pasando—. Por otro lado, sin instituciones que frenen la corrupción y los abusos, y con transparencia cero, la descomposición moral seguirá carcomiendo el entorno legal e institucional. Esto afectará el clima de inversiones y restará competitividad a las empresas. Ya lo estamos viendo con el caso de la energía; es la más cara de Centroamérica, en parte por el control que, sobre su generación, distribución y regulación, tienen los grupos dominantes. También lo vemos en el caso del INSS, cuyas corruptelas las pagará, quiéralo o no, el sector privado.
Cuán diferentes serían las perspectivas con un gobierno amigo del sector privado, pero también respetuoso de la ley, la transparencia y la justicia imparcial. Qué diferente serían si también nuestros empresarios pudieran decir, como Luis Cardenal, “nunca estaría dispuesto a anteponer mis intereses de negocios de corto plazo, sacrificando el interés general de la nación”.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.