A juicio de Luciano García, presidente del organismo Hagamos Democracia (Hademos), la actual versión de la Nica Act, cuya discusión se espera inicie la próxima semana en el Congreso norteamericano, está enfilada contra funcionarios de alto rango e incluso, según García, contra la familia presidencial Ortega-Murillo y sus allegados.
“Daniel Ortega y su familia continúan acumulando riqueza, mientras Nicaragua continúa siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental”, dijo García.
En abril pasado, los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires presentaron ante la Cámara de Representantes la nueva iniciativa, bajo el nombre Nica Act HR. 1918, cuyo objetivo es que Estados Unidos vote en contra de los préstamos del Gobierno de Nicaragua ante los organismos multilaterales, pero además, que persiga a funcionarios corruptos.
Según declaraciones del ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, aún con la Nica Act aprobada Estados Unidos no podría vetar los préstamos de los organismos financieros internacionales hacia Nicaragua debido a una reciente reforma en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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En ese sentido, el presidente de Hagamos Democracia asegura que lo importante es que “la Nica Act va contra los corruptos”.
“Suponete que (Estados Unidos) no logre vetar los préstamos, creo que el tema fundamental es la persecución (a los corruptos), porque el responsable de todo esto es Daniel Ortega, la monarquía que ha creado, el Estado de facto en que tiene al país y la corrupción galopante que sufre el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental; entonces, yo creo que aquí la Nica Act viene en contra de los corruptos, en contra del gobierno de Daniel Ortega y sus allegados”, reiteró García.
El proyecto de ley establece que, de ser aprobado, “a más tardar en 90 días el Secretario de Estado, en coordinación con organismos de inteligencia, deberá entregar la Congreso un reporte sobre el involucramiento de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua -incluyendo miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el poder Judicial, en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”.
Gabriel Álvarez: “El culpable es Ortega”
El constitucionalista Gabriel Álvarez también responsabilizó a Ortega de que el país esté amenazado por la Nica Act y también por la Ley conocida como HR 244, firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a inicios de mayo.
La Ley HR 244 restringe el acceso a fondos a los países que reconocen como Estados independientes los territorios de Abjasia y Osetia del Sur, los cuales Ortega reconoció en 2008 y envió a su entonces canciller, Samuel Santos, a formalizar los lazos diplomáticos.
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“El Comandante Ortega ya debe de dejar pretextos y excusas para no cumplir con la Constitución. Aquí el único culpable del Nica Act y la Ley HR 244 es Ortega. No hay otro culpable, más que Ortega”, señaló Álvarez.
La nueva versión de la Nica Act establece que Ortega haga cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición. La anterior versión solo incluía a organismos de la sociedad civil y partidos políticos.
“Si Daniel Ortega cumple con la Constitución y restablece la democracia que él mismo se ha encargado de demoler, la Nica Act no será aprobada en el Congreso norteamericano”, expresó Álvarez.
Violeta Granera, coordinadora del Frente Amplio por la Democracia (FAD), también culpó a Ortega por las medidas que se podrían aplicar de aprobarse la Nica Act.
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“Nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos, el único culpable de la Nica Act es el señor Ortega, ya no se puede estar jugando con fuego, como él lo viene haciendo desde hace muchos años. Nosotros lo llamamos a la sensatez”, exhortó Granera.
“Corruptos van a pagar”
“Los corruptos tienen que pagar sus actos, han exprimido a la población de Nicaragua, la siguen exprimiendo; tienen quebrado al INSS a costa de corrupción, tienen quebrado al Estado a costa de la corrupción y yo creo que el mundo tiene que ver que en Nicaragua se deben de respetar los derechos humanos y un derecho humano fundamental tiene que ver que no se le roben el poco dinero que recauda su pueblo”, manifestó Luciano García, presidente de Hagamos Democracia.
EE.UU. sin poder de veto
El exembajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, en una entrevista a Confidencial, aseguró recientemente que Estados Unidos ya no tiene poder de veto en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Tomando en cuenta que en el 2017 los fondos FOE (Fondos de Operaciones Especiales) se fusionaron con el capital ordinario, los votos requeridos para la aprobación de los préstamos para Nicaragua, en vez del 75 por ciento, son ahora un poco más del 50 por ciento, lo que le anula a la silla de los EE.UU. en el Directorio del BID el poder de veto sobre los préstamos para Nicaragua. EE.UU. cuenta con el 30 por ciento de los votos, lo que le resulta insuficiente en las nuevas circunstancias para ejercer poder de veto”, explicó el exdiplomático.
