En Nicaragua, un país donde solo los consumidores pagan agua, el Gobierno está obligado a enviar a la brevedad la iniciativa de Ley de Cánones a la Asamblea Nacional, recalcó este sábado en Ocotal, Ruth Herrera Montoya, miembro del equipo de dirección de la Plataforma Nacional en Defensa del Agua.
Herrera explicó que la iniciativa, “que descansa en el sueño de los justos”, debió ser aprobada un año después de aprobada la Ley del agua, que los diputados discutieron y aprobaron en dos legislaturas en los años 2006 y 2007, pero “continúa guardada, no sabemos con qué interés”, dijo.
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La Ley de Cánones contempla obligaciones y deberes, “para exigir que los grandes productores de rubros de exportación, que ocupan el setenta por ciento del agua subterránea y superficial del país, no continúen utilizando métodos que solo contribuyen al derroche y a la desaparición de las principales fuentes de agua, insistió.
Los grandes productores de caña, arroz, pastizales, maní, ajonjolí, soya, palma africana, plátano, maíz de exportación y tabaco, no pagan agua. Según datos de la Plataforma, hay más de diez mil pozos extrayendo agua y derrochando en muchos de los riegos de productos de exportación.
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Hasta ahora, los diputados no han querido hacer la Ley de Cánones y se convierten en cómplices de que los productores no paguen el agua y utilicen métodos de riego derrochadores y obsoletos las 24 horas del día, no invierten en estructuras de recarga hídrica ni infiltración de agua ni reductores de velocidad, no siembran árboles y están sobreexplotando las aguas subterráneas, recalcó la líder del movimiento.
Un crimen ambiental
“Esto es un crimen ambiental, lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta. Mientras ellos no paguen el agua, no instalarán métodos ahorrativos y seguirán usando riego por inundación, riego por gravedad o riego por aspersión, cuando debería ser riego por goteo y el riego controlado por las noches para evitar al máximo la evaporación del agua”, insistió.
2007
es el año en que se terminó de aprobar la Ley general del agua nacional y un año después se tenía que aprobar la Ley de Cánones, para que los productores empiecen a pagar el agua que utilizan, pero aún no existe esa legislación.
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