Pese a que la semana pasada estaba programado el juicio oral y público en contra de los dos acusados por el crimen contra Claudia Lissette Pérez, ocurrido en abril pasado en el barrio Hialeah, la organización Católicas por el Derecho a Decidir que brinda acompañamiento a la familia de la víctima considera que existen muchos vacíos en la investigación sobre el hecho sangriento.
Marcia Ramírez Obando está siendo acusada de haber dado muerte a su exnuera y por encubrimiento Sergio Justo Pérez, pareja de la acusada. La víctima recibió 46 heridas en diferentes parte del cuerpo con armas blancas (un cuchillo y un destornillador).
Magaly Quintana, coordinadora de Católicas, señala que llama la atención que la Fiscalía no haya proporcionado a la abogada que representa a la familia de la víctima información básica como el examen toxicológico que debió practicar al cuerpo el Instituto de Medicina Legal (IML), o que la Fiscalía no haya solicitado un análisis de las uñas que les permita dilucidar si hubo o no huellas de defensa.
Esto porque “en todos los crímenes, lo primero que hacen son los exámenes de las uñas, porque por más que esté adormecida la persona trata de defenderse”, alega Quintana.
La Fiscalía ha expresado, según Quintana, que el IML no les entrega los resultados de los exámenes.
Y en base a esa preocupación fue que Darlyng Pérez, en representación de la familia de la víctima remitió una carta a la Fiscal Departamental, Mirna Siles, solicitándole que “se determine un informe toxicológico para determinar la sustancia que los asesinos de mi hermana le suministraron” y así determinar otras inquietudes tales como “¿quién suministró la referida sustancia? ¿cómo la obtuvieron? y determinar la implicancia de otras personas en este crimen”.
“La preocupación es de que entreguen un examen que no corresponda a esta muchacha (…) en este país las cosas se están yendo de la mano de todo el mundo”, objeta Quintana.
Arma usada en el crimen no convence
Otro señalamiento que hace Quintana es el hecho de que las autoridades se hayan conformado con documentar un expediente sin mucho soporte. Y menciona por ejemplo, que el cuchillo “sarroso” que presentan como evidencia, no pudo ser utilizado para el crimen pues una de las heridas que presentaba el cuerpo de la víctima fue en la cabeza y “es una herida perfecta”; que no pudieron haber efectuado con esa arma presentada como prueba.
Católicas analiza que en los crímenes de mujeres que se han registrado en el país, en la mayoría, las familias son de escasos recursos y muchas veces venden sus bienes para pagar a un abogado, o en su lugar, “como están llenos de trabajo le entregan todo el poder a la Fiscalía. Los fiscales hacen lo que quieren o lo que pueden”.
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Fue por eso que en este caso esa organización está apoyando con abogado a la familia de la víctima. “Nosotros estamos diciendo claramente que esta señora no actuó sola”, sostuvo Quintana y a la Policía le faltó una investigación a fondo.
“Cuando esta mujer se declara culpable la Policía feliz de la vida, porque ya tiene a la asesina. Es decir la Policía realmente no investigó a fondo quienes estaban detrás de este caso”, sostuvo Quitana quien señala que la acusada protege a otras personas. Y la Policía con la intención de seguir invisibilizando los femicidios acepta lo que le dicen y da el caso por cerrado, cuestiona Quintana.