Una mirada estratégica de Venezuela
La no violencia es la decisión tajante del pueblo venezolano, a pesar de los infiltrados y los provocadores. La pregunta obligada es: ¿Qué estrategia tiene Castro, el verdadero poder de esta dictadura?
Aparentemente son dos. Una es la cubanización de Venezuela. Cerrarla al mundo —a partir de la expulsión de la Organización de Estados Americanos (idem a Cuba de 1962)— y que una oligarquía militar medre del país bucólico que quede luego de esta guerra de baja intensidad. China y Rusia, sus mandantes, propietarios de la deuda, del petróleo y del oro venezolano, lo aúpan.
La otra es convertirla en una guerra civil de tipo Siria, con desplazamientos humanitarios que desestabilicen la región y hostiguen a los Estados Unidos. Pero una guerra civil necesita dos ejércitos y he ahí que el pacifismo venezolano se niega a ser bando beligerante, desalentando así el “asiriar” Venezuela: una certeza militar mayor.
Las marchas pacíficas le producen “fricción” al enemigo. Al prolongarse, revelan las fisuras internas del régimen como es el cansancio de la Guardia Nacional, la centena de oficiales rebeldes que están presos, el pronunciamiento de Yibram Saab, hijo del chavista defensor del pueblo e, incluso, la sacada de antifaz de agentes internacionales que fingieron ser humanistas como Silvio Rodríguez, Pepe Mujica y, en no menor medida, el papa Francisco.
Si las marchas se detienen, se detiene la única arma del pueblo venezolano: la fricción. Y la canalla delincuencial del régimen hará pampa rasa de ese país hermano. Por tanto, las marchas deben volver a masificarse y alternarse para no cansarse, junto a una eficaz propaganda internacional (no publicidad).
Al régimen lo cohesiona el crimen. Si caen, serán cazados globalmente por la justicia. Para romper esta cohesión es preciso ofrecerle al ejército total inmunidad después de la caída. ©FIRMAS PRESS.
Juan Claudio Lechín.
Incremento en tarifa energética
Me parece absurdo, el incremento anunciado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), referente al 2 por ciento en la tarifa del servicio eléctrico, lo que viene a ser sentido por la población, que en su mayoría vive en situación de pobreza.
Meses atrás, las autoridades de esta entidad dieron un alegrón de burro al informar sobre la disminución del apenas uno por ciento en los recibos energéticos, ¿y, para qué? si ahora le aumentan un punto más de lo que le disminuyeron en ese entonces.
Según han dicho quienes manejan dicha institución, son unos 810 mil usuarios los que a nivel nacional se verán beneficiados, porque no entran en este aumento, al consumir menos de 150 kilowatts.
Pero, este beneficio no se observa y más bien a diario la ciudadanía se queja por el mal servicio que se le brinda; a esto se le suman los apagones todos los días, así como las fallas intermitentes, que por ejemplo, en el caso del departamento de Rivas dejan mucho que desear.
Si agregamos las pérdidas en los artículos eléctricos que los bajones de energía provocan, la interrogante es ¿quién responde? o ¿quién pierde más? Sin duda alguna, el perdedor es la población de Nicaragua, sobre todo, los de más bajos recursos.
Aquí, con bombos y platillos, seis meses al año, distintos sectores celebran los incrementos al salario mínimo, y en eso estoy de acuerdo sin embargo se supone que lo hacen para ayudar a los trabajadores a que se les facilite comprar un poco más sus productos esenciales para el hogar y así estiren sus gastos económicos.
No obstante, ¿qué ayuda se les está brindando? si más bien lo que hacen es ir subiendo los precios y costos de la canasta básica. Por tanto, es ilógico y no viene a solventar los problemas que la población sufre día a día.
Dios cuide y proteja a su pueblo, dé sabiduría a los mandos y entendidos en la materia para que puedan satisfacer las necesidades de la ciudadanía a la que no le queda más que desembolsar sus bolsillos y ver la manera en cómo le rinda más el dinero que gana para el sustento diario de su familia.
Róger Salinas Gallegos.
INSS tiene responsabilidad civil
Desde el año 2010 las organizaciones de la sociedad civil hicieron la denuncia de que Nicaragua estaba perdiendo el bono demográfico, lo que consiste en que el país cuenta con población joven desde 1970 hasta 2040, y el país no está invirtiendo en ellos.
Los niños en las escuelas públicas no conocen las computadoras, no existe calidad en la educación, seguimos siendo el segundo país más pobre del continente latinoamericano. Se ha dejado pasar una etapa de oro. La juventud casi en su mayoría migra hacia otros países por falta de trabajo.
¿Qué es el bono demográfico? Es cuando el volumen de la población en edad de trabajar, entre 14 y 59 años, supera a la población dependiente (niños y ancianos).
Los gobernantes ignorantes y mal intencionados no brindan oportunidad de trabajo productivo a la juventud y los mejores recursos se han perdido por falta de oportunidades dignas en su propio país.
Pero el Gobierno sí sabía que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sufriría el no aprovechamiento demográfico, debido a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) les había advertido de ello, pero por soberbia los gobernantes no quisieron entrar en razón bajo el cuento de no imposición.
Hasta el año 2006 el INSS contó con una dirección de actuario, la que se encargaba de realizar los estudios necesarios para monitorear el porcentaje de los gastos administrativos. Esto por la seriedad y el compromiso de los gobiernos “neoliberales” y el propio INSS con el pueblo nicaragüense.
Nicaragua ha entrado en la época de envejecimiento, propia de lo que está viviendo ahora el continente europeo, por eso las pensiones de vejez crecerán. Lo mismo pero en otro sentido crece el programa de maternidad, las pensiones reducidas y las de viudez, el gasto administrativo hasta el 13 por ciento en 2016, la caída de las inversiones han sido factores determinantes para acelerar el quiebre del INSS.
Esto no es algo que se debe ver como ajeno a cualquier acto de responsabilidad administrativa y tal vez penal.
Los funcionarios del INSS junto con el presidente designado por el poder electoral debieron informar al pueblo nicaragüense sobre la verdadera situación del Seguro Social y no hacerse los nuevos, queriendo aparentar que no sabían nada que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no tenía ya vida para 2019. ¿Por qué tiene que ser el FMI el que les venga a decir eso? ¿Por qué no desmienten al FMI? ¡Ah!, porque esta vez es cierto.
No basta garantizar la continuidad del INSS ni buscar soluciones a largo plazo. No basta decir que el INSS debe ser autónomo a como lo dice la Ley.
Se debe realizar una auditoría independiente, profesional, que establezca responsabilidades de por qué no se tomaron los ajustes necesarios y oportunos por parte de la Administración actual así como decir por qué ocurrió el quiebre de la institución.
Si Nicaragua fuera un verdadero Estado de derecho, los actuales funcionarios del INSS ya estuvieran siendo procesados por haber puesto en verdadero peligro las finanzas de la nación, esto puede verse como una verdadera asonada criminal cometida por los funcionarios del INSS contra el presidente designado por el poder electoral. Algo así como que no hay peor cuña que la del mismo palo.
Alejandro Calero Dávila.