Las arbitrariedades con las propiedades decomisadas a procesados por narcotráfico y crimen organizado se siguen dando, por las mismas instituciones estatales sin que autoridades superiores pongan orden al respecto.
Esta vez, los familiares del procesado Isacio Beltrán Beltrán de Ocotal, acusado de crimen organizado, lavado de dinero y transporte de droga en la Operación conocida como “Jade”, denunciaron que el Estado de Nicaragua entregó en permuta (a cambio) una propiedad de la señora María Justina López, esposa de Beltrán, que ni siquiera está acusada, a un finquero llamado Erick Zavala.
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Según familiares de Beltrán, Zavala está ocupando la propiedad ubicada en Ocotal desde el año pasado y se la dieron a cambio de una propiedad que le afectaron cuando se dio una ampliación en el puesto fronterizo Las Manos.
“La propiedad sigue inscrita en el registro público a nombre de mi mamá y en la alcaldía sigue pagando el servicio de recolección de basura. Y en una de las propiedades de mi papá. a los 15 días se ser detenido, la Fiscalía ocupa su casa”, dijo Liliam Beltrán López.
“La finca fue adquirida por María Justina López en 1995, mediante donación que le hicieran sus padres como parte de un legado en vida. Entonces la afectación que hace el Estado a López que ni siquiera es acusada, es ilegal”, explicó Amy Rayo, abogada de Beltrán.
Llegan a otra propiedad
La semana pasada, miembros de la Policía y civiles llegaron a revisar la propiedad incautada a Beltrán en el caso urbano de Ocotal, y la finca Montecristo, ubicada en la comunidad San Fernando, y supuestamente la iban a entregar a otra persona, sin que se haya realizado la audiencia de apelación en el caso. Es decir, sin haya sentencia firme.
“Están disponiendo de las propiedades de mi representado sin que haya sentencia firme. Ni siquiera se había realizado la audiencia de apelación, lo cual es ilegal, porque la persona constitucionalmente debe considerarse inocente”, agregó García.
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Esta visita a la propiedad de Beltrán en Ocotal, se da en medio de la realización de un supuesto inventario por parte de la Policía, de los bienes incautados que tiene bajo resguardo, para entregarle a la Unidad Administradora de Bienes que según la Ley 735 o Ley contra el crimen organizado, está adscrita al Ministerio de Hacienda y ya está en funcionamiento.
LA PRENSA buscó la versión de la Procuraduría General de la República al respecto, pero hasta este miércoles no habían dado su versión.
No existía el lavado
Según la abogada Amy García, otra ilegalidad que se suma a este proceso penal es que las propiedades decomisadas a los procesados fueron adquiridas en 1992 y 1995, lejos del período acusado que va del 2004 al 2014.
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“Esto nos indica bajo el estricto principio penal que no puede caber un ilícito penal de lavado de dinero, pues en esa fecha ni siquiera estaba tipificado el delito como tal , no lo tenía sancionado”, dijo García.
La abogada agregó que hacer cualquier tipo de gestión sobre esos bienes sería ignorar la ley y no por falta de estudio de los funcionarios, sino como un irrespeto al marco jurídico de Nicaragua y al Estado de derecho.
