La banca privada convenció al Ejecutivo de eliminar lo que consideraba una razón de inseguridad jurídica, lo que se concretó con la reforma a la Ley 741 (o sobre fideicomiso) aprobada este miércoles por unanimidad en la Asamblea Nacional.
La Ley de fideicomiso tiene seis años y los empresarios expresaron que era un riesgo la obligación de responder con sus bienes cuando los clientes incumplan el pago de los créditos respaldados por un fideicomiso.
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El Gobierno envió la propuesta de reforma a los artículos 52 y 53 de la Ley referidos al fideicomiso de garantía en abril pasado. Según el diputado sandinista designado, Wálmaro Gutiérrez, el fideicomiso es un instrumento financiero “que te facilita el acceso al crédito a una tasa probablemente más competitiva y accesible”.
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Gutiérrez dijo que el dinero que conforma el fideicomiso “no es para otorgar créditos”, sino que es la garantía que respalda programas de financiamiento a sectores agropecuario, hipotecario u otros. En la propuesta de reforma del Ejecutivo se estableció a partir de ahora que “las obligaciones contraídas y vinculadas” (deudas) “serán respaldadas únicamente con los bienes del fondo y patrimonio” en caso de incumplimiento del pago de los créditos respaldados por este tipo de instrumentos.
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Responden los bienes
Los bienes que conforman el fideicomiso serán vendidos y rematados para responder a la garantía, según la reforma planteada por el Ejecutivo y aprobada por los diputados sandinistas.
El legislador oficialista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, explicó que con la reforma se corrigen las contradicciones que había en la ley.