A inicios del año 2016 Costa Rica anunció la inauguración del proyecto hidroeléctrico Reventazón, uno de los más grandes de Centroamérica. Dos años antes, en Nicaragua se había programado la integración de 256 megavatios a la matriz energética con el proyecto hidroeléctrico Tumarín, pero este no se realizó. Estaba previsto ser más grande que Reventazón.
La diferencia entre ambos proyectos fue el proceso de adjudicación que establecen sus marcos legales, pues en Costa Rica es obligatorio que todo proyecto pase por un proceso de licitación, mientras que en Nicaragua se da por una contratación directa.
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Exdiputados opositores aseguran que las leyes en la industria eléctrica de Nicaragua están hechas para responder a los intereses del Gobierno y sus allegados, de manera que se modifican a su gusto y antojo; esa es una de las razones por la cual no se dan licitaciones.
El exdiputado opositor Enrique Sáenz, manifestó que el marco legal de Nicaragua ha sido alterado y los más afectados son los consumidores.
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“Esta situación (la corrupción) solo puede reproducirse en un marco donde prevalece lo turbio en lugar de la transparencia. ¿Por qué dejaron de licitarse los contratos y se pasó a las contrataciones directas? ¿Cómo se explica que a los ingenios casi se les haya duplicado el precio de compra de la energía producida a partir del bagazo de caña, a costillas de los consumidores?”, cuestiona Sáenz.
Por su parte, Carlos Langrand, exdiputado opositor, coincide con Sáenz y asegura que la discrecionalidad y la falta de reglas claras llevan a la ineficiencia al sector.
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“La falta de institucionalidad y de transparencia en el sector energético provoca el mayor impacto en la competitividad de nuestra economía. Hay una dependencia centralista y vertical por razones económicas y políticas que impiden la transparencia y eficiencia de las instituciones vinculadas al sector energía e hidrocarburos. El modelo actual apunta a docilidad y servilismo institucional y no a la eficiencia del sector por la contaminación de los intereses públicos, privados y personales”, dijo Langrand.
Marco legal tiene vacíos
El abogado Juan Carlos López manifestó que uno de los problemas del marco legal de la industria eléctrica es que tiene varios vacíos que abren la puerta para que haya corrupción.
“Cuando no hay licitación no hay transparencia, porque se asigna contratos por intereses particulares. Si recordamos bien las licitaciones se frenaron hace diez años porque el país enfrentaba una crisis energética y nadie participaba en las licitaciones y así comenzaron las contrataciones directas, que en los últimos años ha beneficiado a la empresa Alba Generación, que ahora cubre el cincuenta por ciento de la demanda de energía del país”, sostuvo López.
Para Langrand, el hecho que no haya licitaciones fomenta una cultura de corrupción e impunidad a todos los niveles, destruyendo la institucionalidad y el Estado de derecho.
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“La comunidad internacional ha pretendido ayudar al pueblo nicaragüense otorgando más de diez mil millones de dólares en préstamos, donaciones y otras modalidades, para obras de infraestructura de energía y este dinero ha sido manejado para enriquecimiento del consorcio Ortega y sus socios económicos sin la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas debida”, agregó Langrand.
El digesto jurídico de electricidad en Nicaragua está compuesto por 17 leyes creadas desde el 2002, una norma técnica, 22 decretos desde 1962, 11 acuerdos desde 1995, nueve normativas y 15 resoluciones desde el 2000, según información de la página web del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Licitaciones y energía renovable
Según un informe elaborado por Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena), un total de diez países latinoamericanos han promulgado leyes o estrategias nacionales en energía renovable y otros siete cuentan con leyes específicas en función de la tecnología empleada.
En Nicaragua solo hay una ley dirigida a la inversión de energía limpia, la Ley 532, “Ley para la promoción de generación eléctrica con fuentes renovables”, creada en el 2005, que tiene como objeto promover el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables.
Licitaciones son comunes en América Latina
Irena da a conocer que los instrumentos normativos más populares para el despliegue de las renovables en América Latina son las licitaciones, que suelen ofrecer a los adjudicatarios un contrato de compra de energía a largo plazo (PPA), con duración de diez a treinta años.
En Latinoamérica había países donde las licitaciones estaban apagadas, pero las han retomado, por ejemplo México, Argentina y Chile.
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El ingeniero eléctrico Benjamín Bayer, del Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS) de Alemania, sostiene que los procesos de subastas o licitaciones dan transparencia a los procesos de adjudicación de proyectos, donde el interés principal es llevarle al usuario una energía limpia, de calidad, a buen precio.
Bayer se refirió al caso de Nicaragua donde no hay licitaciones y sostuvo que no es sano, pues la transparencia es cuestionable, posiblemente no se beneficie a la persona correcta y es aquí donde se abren puertas a incumplimientos, corrupción y desacuerdos.