En Nicaragua la industria eléctrica está dirigida por funcionarios con múltiples cargos y funciones, la mayoría ocupa estos puestos desde el segundo mandato (2007) del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega Saavedra.
Ahora lo más cuestionable dentro del sector es el nombramiento del presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el general en retiro Óscar Mojica, quien no tiene experiencia en la industria eléctrica.
En Centroamérica algunos países en sus leyes no permiten que una persona tenga varios cargos, menos que asuma un puesto sin la mínima experiencia.
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Siempre puntual, el ingeniero Salvador Mansell asiste a sus actividades asignadas, a veces como ministro de Energía y Minas (MEM), a veces como presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), en otras ocasiones como enlace de Nicaragua con los organismos multilaterales o con el Mercado Eléctrico Regional (MER).
Dentro de sus funciones en el sector está: “Presentar un plan anual de actividades y presupuesto de inversión, representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales, extrajudiciales como administrativos, presentar propuestas de planes tarifarios, asistir a todas las actividades que convoque el Gobierno y además debe ser miembro activo del Gabinete de Energía”, estas funciones están descritas en el curriculum vitae de la Asamblea Nacional.
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A veces en sus comparecencia es muy difícil diferenciar a quién representa, pues en ocasiones cuando no asisten representantes de la empresa privada de distribución de energía Disnorte-Dissur, él toma el protagonismo.
Tal como sucedió a finales del mes de enero de este año, cuando el Banco Centroamericano de Integración Económicas (BCIE) anunció la aprobación de un préstamo de 163.5 millones de dólares para reducir las pérdidas en la distribución, donde no llegó ningún representante de la empresa.
En Guatemala sucede algo similar, pues la gerencia del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) están a cargo de una misma persona, Luis Chang Navarro. La diferencia es que en Guatemala esto está permitido por un periodo no mayor de dos años.
La ley no lo prohíbe
“La Ley en Nicaragua no le impide a Mansell tener varios cargos, pero no es correcto, porque estos cargos en otros países tienen un único representante, esto le permite al país funcionar mejor, es decir por el bien del país una persona no debe tener tanto poder”, dijo Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor.
Por su parte el exdiputado Carlos Langrand concuerda con López y asegura que “todos los altos cargos nombrados por la Asamblea Nacional demandan idoneidad, moral, capacidad profesional reconocida y no dependencia de política partidaria. Los funcionarios se rigen por el código de ética pública”.
Concentran el poder
Langrand manifestó que el Gobierno tiene concentradas las atribuciones, información y decisiones en pocas personas.
“Este sector aglomera las actividades económicas más lucrativas del país: hidrocarburos, generación y distribución de energía, minas, red de telecomunicaciones (Enatrel) y es evidente un marcado interés de concentrar las decisiones de concesiones, permisos, tarifas, marco normativo, de estos recursos mineros, geológicos, energéticos, y ajustarlos en beneficio del consorcio de la familia Ortega y allegados, con el claro objetivo de evitar la fiscalización, auditoría, control legislativo y ciudadano sobre los recursos del Estado”, señaló Langrand.
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Afirmó que aquí no se valora la experiencia sino la lealtad e incondicionalidad en perjuicio de la eficiencia del sector energético por la contaminación de los intereses públicos, privados y personales.
“Hay una nefasta dependencia centralista y vertical por razones económicas y políticas que impiden la transparencia y eficiencia de las instituciones vinculadas al sector energía e hidrocarburos. La capacidad y autonomía gerencial e institucional según los planes y objetivos nacionales no lo permite el modelo actual pues no se valora la capacidad de funcionario, solamente la lealtad e incondicionalidad en perjuicio de la eficiencia”, dijo.
El exdiputado Enrique Sáenz concluye que los funcionarios de las instituciones en realidad “obedecen a las determinaciones del monarca y no a lo que establecen las leyes”.
Funcionarios fieles
Otro personaje dentro del sector con un perfil más bajo es Ernesto Martínez Tiffer, quien se ha mantenido por diez años en la silla de la presidencia de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) que ahora tiene la única función de modernizar las plantas hidroeléctricas.
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En el mismo periodo de Martínez Tiffer, surgió discretamente dentro de la estructura de la industria eléctrica Francisco López, quien es tesorero del Frente Sandinista, presidente de Petronic, vicepresidente de Albanisa y delegado del Estado en la distribuidora de energía Disnorte-Dissur.
“Un ejemplo lo puede explicar todo, Francisco López dentro de la estructura del Frente, ocupa múltiples cargos bajo discrecionalidad”, dijo Sáenz.
Un militar en el sector
Otro tema cuestionable dentro del sector es que después de la renuncia del ingeniero David Castillo, quien tenía 12 años al frente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), a inicios del mes de abril, la Asamblea Nacional nombró en la dirección del INE (ente regulador de la industria eléctrica), al mayor general en retiro Óscar Salvador Mojica Obregón, el nombramiento surgió un mes después que la institución castrense lo envió a retiro.
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“Cuando en lugar de un ente regulador independiente, Ortega toma al INE militarmente por asalto, mientras la Contraloría no ejerce su función ni se planifica la expansión del sistema de potencia con proyección de resultados favorables, la industria eléctrica se presta a tremendas distorsiones económicas de largo plazo (a 15, 20, y hasta 30 años) en aras de la corrupción más desastrosa para la nación”, dice en artículo de opinión el ingeniero Fernando Bárcenas, experto en temas energéticos.
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Los exdiputados opositores concluyen que desde el 2007, las instituciones privadas como estatales manejan el sector eléctrico del país discrecionalmente. Un ejemplo claro se muestra en las páginas web que no son actualizadas.
Asimismo el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y la empresa privada de distribución de electricidad (Disnorte-Dissur) manejan la información con tanto hermetismo que no convocan a conferencia de prensa para informar a la población.
Distribución sin rostro
Dentro de la estructura de la industria eléctrica nicaragüense, la empresa distribuidora ejerce un papel fundamental que ha sido cuestionado por las elevadas pérdidas de energía y la escasa inversión en el sector.
Hasta la fecha se desconoce quién es la persona que dirige la empresa de distribución en el país. El exdiputado opositor Carlos Langrand manifestó que desde el 2013, que Gas Natural vendió sus acciones al consorcio español TSK-Melfosur, la distribuidora goza de privilegios de parte del Gobierno.
