Si existe algún funcionario en la Nicaragua de Daniel Ortega que cuenta con el cariño y admiración de diversos sectores sociales y políticos, incluidos los antagónicos con el gobierno del caudillo, ese funcionario es una mujer, y se llama Alba Luz Ramos Vanegas. Sí, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La leonesa que cumplirá 68 años el próximo sábado, que llevaba el seudónimo de “Natalia” durante la lucha antisomocista; quien ha logrado modernizar el sistema judicial de un país, y que se encuentra hoy en el ojo de la tormenta por el descubrimiento de un par de desvaríos recientes cometidos por el poder del Estado que ella preside sin pausa desde 2010.
Violeta Granera, Xanthis Suárez y Sandra Ramos son algunas amistades que han orbitado u orbitan el círculo cercano de la doctora Alba Luz Ramos. Quienes conocen estos nombres difícilmente imaginarían a las cuatro mujeres sentadas en una mesa y charlando tranquilas, pero es una escena que pudo darse por años. “Logramos tejer una amistad que sobrepasa cualquier ideología. Yo le tengo mucho cariño y yo sé que ella siente cariño por mí”, dice Granera, excandidata a la Vicepresidencia de la República en 2016 y que utiliza una sola palabra para referirse al gobierno sandinista: “Dictadura”.
La doctora Ramos tiene 43 años de ejercicio profesional, 29 de ser magistrada de la CSJ y ha sido presidenta del poder judicial por ocho años en dos períodos: entre 2002 y 2003, y entre 2010 y 2017. Posee un currículum envidiable y una identidad sandinista que data de los últimos años de la dictadura de los Somoza. Sus conocidos la retratan como una persona amable, que sabe escuchar y empatizar con las personas, que es inteligente y “muy capaz como profesional”. Los críticos y expertos en la Constitución de la República califican como “reprobada” su gestión al frente de uno de los tres grandes poderes del Estado, y ofrecen múltiples razones para demostrarlo. Ella no quiso participar en este perfil, pero la noche del pasado miércoles coincidió con su amiga Xanthis Suárez en la fiesta de Argentina, y esta le contó que sería entrevistada para esta publicación.
—Bueno, vos ya sabés qué vas a hablar de mí —le respondió Ramos (según Suárez).
—Sí, solo barbaridades —bromeó su amiga.
No autorizado
Antes que LA PRENSA solicitara una entrevista con la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, el vocero de la Corte, Roberto Larios, llamó a la redacción de este Diario preguntando por qué se investigaba la vida de la magistrada Ramos.
Se le explicó que se estaba elaborando un perfil igual al de otras tantas personas cuya vida, consideramos, es de algún interés para los nicaragüenses, en correspondencia con nuestro deber y derecho periodísticos.
En esa comunicación se acordó enviarle unas preguntas para que Larios consultara a la magistrada Ramos si podía contestarlas para este trabajo. La respuesta, posterior al envío, fue que no estaba interesada y que “ella no está de acuerdo con la publicación de ningún perfil”.
El jefe de Información de Domingo, Fabián Medina, le contestó a Larios que “la doctora Ramos tiene todo el derecho a no contestar nuestras preguntas, pero también LA PRENSA tiene todo el derecho a publicar un perfil sobre ella”, sobre todo, por su carácter de personaje público.
Finalmente, Roberto Larios pidió que se aclararan dos cosas: una, que ellos llamaron antes que se pidiera la entrevista a la magistrada Ramos, y dos, que “la doctora no autorizaba la publicación de ese perfil”.
VIDA PERSONAL
No se sabe mucho sobre la vida privada de Alba Luz Ramos, y ella se ha encargado de que eso siga así. Según el vocero de la CSJ, Roberto Larios, “la doctora es bien cuidadosa con su vida personal y nunca aborda estos aspectos en una entrevista con un medio de comunicación”. Pero sí lo hizo en 2013 para la revista Nicaragua Hoy, que dirigía el periodista Emiliano Chamorro.
La entrevista, en formato pregunta-respuesta, es de corte íntimo. En ella la presidenta de la CSJ revela su pasado como militante del Frente Sandinista y su exilio del país por una persecución que la Guardia Nacional de Anastasio Somoza Debayle tenía sobre ella.
“Yo me fui cuando me iban a juzgar en el Consejo de Guerra. Fue cuando lo de la casa de Chema Castillo, que cayó un montón de gente. Los investigados éramos más de cien personas”, cuenta Ramos en la revista.
La conocida toma de la casa de Chema Castillo fue un episodio icónico logrado por el Frente Sandinista en 1974, en el cual los guerrilleros intercambiaron a rehenes somocistas por presos sandinistas, además de dinero.
Dice que no hizo parte de ese golpe político, pero que sí tenía participación clara en León. “Yo estudiaba en León y todo mundo sabía que yo era del FER (Frente Estudiantil Revolucionario), del Frente (FSLN); yo era colaboradora. En el jeep de mi casa yo trasladaba gente, todo lo que me ponían a trasladar. Y todos los ‘orejas’ de León me conocían. Me ponían vigilancia”.
Sus padres, don Adán Ramos Moncada y doña Margarita Vanegas de Ramos, “vivían sufriendo por eso”. Por aquel entonces, el apodo de la joven Alba Luz en las calles de León, su ciudad natal, era “Natalia”.
Abandonó el país ya con título de abogada y se fue a estudiar a Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, donde vivía su hermana en el estado de Texas.
La doctora en Derecho regresaría a Nicaragua para el triunfo de la Revolución Sandinista, en 1979, y se integraría a la vida de funcionaria en 1981 con el cargo de directora nacional de Registros, según una semblanza oficial que aparece en el sitio web del poder judicial. A partir de ahí “inició un rápido ascenso como funcionaria” que desembocaría en la presidencia de la CSJ en 2002, siendo ella la primera mujer en la historia del país en ostentar el cargo.
Su esposo, quien falleció en el año 2000, era Leónidas Arellano Hartin, y su amiga Xanthis Suárez cuenta que la doctora Ramos tiene una hija y dos nietos.
En la revista Nicaragua Hoy se le hace la pregunta: “¿Cuál ha sido la clave para estar tanto tiempo como magistrada judicial?” Y Alba Luz Ramos responde:
“Mi profesionalismo. Yo he trabajado siempre con mucha seriedad, he estudiado. Hay gente que viene aquí a la Sala Constitucional y no se quiere ir de ahí porque dice que esa es su especialidad. Yo creo que los abogados podemos especializarnos en todas las materias, para eso somos abogados. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de León, la más antigua de Nicaragua, donde habían maestros bien severos, bien rígidos. Ahí hacíamos exámenes orales, con tres réplicas enfrente. Era una educación bien fuerte”.
Currículum
Alba Luz Ramos Vanegas nació el 3 de junio de 1949 en León.
Cursó la primaria y secundaria en el Colegio Pureza de María, de León entre 1957 y 1968.
Se graduó con medalla de oro y diploma de honor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), del período 1969-1973.
Se incorporó como abogada ante la Corte Suprema de Justicia el 17 de diciembre de 1973.
Cursó estudios de francés en Laussanne, Suiza, en 1974, y de inglés en Londres, Inglaterra y en Texas, Estados Unidos, 1977-1978.
Entre otros estudios especializados cursó Estudios de Desarrollo del Tercer Mundo en Ginebra, Suiza, en 1975; Segundo Curso sobre Propiedad Industrial para los Países en Desarrollo y Funciones Técnicas de las Patentes en Río de Janeiro, Brasil, en 1982; y el Curso Superior en Ciencias Penales, en el Centro de Estudios Judiciales de Madrid, España, en 1988.
En Nicaragua fue directora nacional de Registros (1981), procuradora penal de la República (1983), viceministra de Justicia (1984), magistrada de la Corte Suprema de Justicia (1988), vicepresidenta de ese organismo (1996-1999) y presidenta del mismo (2002-2003/2010-2017).
EMPODERAMIENTO FEMENINO
Fue a comienzos de los noventa cuando Xanthis Suárez —dos veces diputada del Parlacen y periodista con 40 años de experiencia— y Violeta Granera —activista política, defensora de los derechos humanos y excandidata a vicepresidenta de la República— conocieron a Alba Luz Ramos en la Coalición Nacional de Mujeres y en foros de discusión.
“Entramos en un proceso de reconciliación y paz. Lo más importante era eso. Estábamos Cristiana Chamorro, Violeta Granera, Alba Luz Ramos, Rosa Marina Zelaya, yo, y nos fuimos asociando”, recuerda Xanthis Suárez.
Eran talleres de hasta seis meses que fueron hilvanando sentimientos que ni las rivalidades políticas han podido derrumbar.
“Las mujeres tenemos esa capacidad más que los hombres; podemos entender mejor los contextos y no terminar una amistad por ellos. Esa amistad (con Alba Luz Ramos) en el plano personal se ha mantenido. Cuando ella enviudó ahí estuvimos todas las mujeres acompañándola, pero una de las tragedias de las dictaduras es esa: entra hasta en las relaciones más personales”, opina Violeta Granera, férrea opositora al gobierno actual.
En 2015, con un panorama político similar al de hoy, Granera y Ramos participaron en reuniones promovidas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ambas expresaron sus puntos de vista coyunturales.
“Fue un espacio muy respetuoso, de mucha confianza. Cada quien planteaba cómo se estaba viendo la situación del país. Nunca tuvimos un pleito”, revela Granera. “Ella fue muy respetuosa de oír lo que yo decía y yo de oírla a ella. En varias ocasiones yo me levanté de mi lugar para darle un abrazo explicándole que en ningún caso yo quería maltratarla a ella como persona, pero que tampoco podía dejar de decir lo que pensaba de la situación del poder judicial en el país”.
Para Xanthis Suárez, las reuniones de la Coalición Nacional de Mujeres, de los foros de mujeres y los cursos de liderazgo, “motivaron a Alba Luz a aspirar a más”. En 2002, tras 14 años de ser magistrada de la CSJ, Ramos fue electa presidenta de la institución, y dijo públicamente que ya había dado mucho al país, pero que podía dar aún más desde su nombramiento.
En tanto, Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, y también cercana a la doctora Ramos, dice: “Yo la quiero y la aprecio por lo que ella representa en este país. Una mujer que ha luchado toda su vida. Una mujer a la que yo no le conozco que haya agredido a otras mujeres”.
Nepotismo
En 2009 la Corte Suprema de Justicia se vio envuelta en un escándalo de nepotismo por publicaciones de LA PRENSA que revelaron que, por entonces, en todas las oficinas o dependencias del poder judicial se hallaba como empleados a familiares de magistrados o directores de oficinas de la Corte.
Para la edición del diario del 20 de febrero de 2009, la magistrada Alba Luz Ramos reconoció que los jueces Abelardo Alvir Ramos y Adda Benicia Vanegas Ramos eran sus sobrinos, y que el defensor público Egberto Adán Ramos Solís también era sobrino de ella.
En el artículo Ramos defendió a sus familiares aduciendo que se ganaron sus puestos, pero la Ley de Probidad es clara: “Las autoridades superiores no pueden contratar a sus familiares”.
UNA CORTE DE CONTROVERSIAS
Los casos que han puesto como tema de debate la competencia de la Corte Suprema de Justicia de Ramos en 2017 fueron descubiertos por LA PRENSA en los últimos dos meses. El primero, publicado el pasado 17 de abril, reveló que tres magistrados judiciales consultaron y siguieron orientaciones de Daniel Ortega sobre un litigio de propiedad en Chinandega, como si la cabeza del poder ejecutivo tuviera la última voz de mando en asuntos del Judicial. Y el segundo, que vio luz el 16 de mayo, fue la renovación de una costosa flota vehicular para magistrados y funcionarios donde, como mínimo, se habría gastado 960 mil dólares (mientras que una parte de los empleados llevan ocho años esperando un reajuste salarial).
Las respuestas de la Corte para ambos casos —documentados con propiedad por LA PRENSA y disponibles en línea—, fue desmentir y llamar al Diario “manipulador”, pero estas están lejos de ser las únicas veces que, en los últimos años, el organismo presidido por la doctora Ramos es protagonista de controversias.
“A la doctora Ramos le tocó gestionar la Corte Suprema en un período político muy convulso, muy complejo, y lamentablemente, junto a la mayoría, la totalidad de magistrados, se ha plegado a la descomposición de toda la institucionalidad del país y particularmente la del poder judicial, que es la más grande, yo diría, por encima de la del poder electoral”, valora el doctor en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez.
Antes de enumerar los aspectos que a su juicio hacen de la última década “uno de los períodos más oscuros y nefastos en la historia judicial de Nicaragua”, Álvarez menciona las labores que, considera, con la presidencia de la doctora Alba Luz Ramos, se han hecho bien:
1) La mejora de la infraestructura de las instalaciones del poder judicial no solo en Managua, sino en los departamentos.
2) El esfuerzo en capacitar y establecer cursos para los jueces y otros funcionarios con el Instituto de Altos Estudios Judiciales.
3) Las becas para estudiar en el extranjero, “lo que es buena gestión para el desarrollo profesional de los jueces”.
4) La incidencia de la CSJ en la aprobación de leyes en los últimos años. “La verdad es que Nicaragua tiene un buen cuerpo normativo en distintas áreas”.
Sin embargo, explica el experto en la Constitución Nacional de la República, “a pesar de estas cosas buenas que te estoy diciendo, creo que las negativas son mucho más relevantes para el funcionamiento del sistema institucional nicaragüense”. Y enumera las siguientes:
1) La sentencia “totalmente disparatada” que dictó la CSJ y que le permitió la reelección al comandante Ortega, “manipulando los preceptos constitucionales”.
2) La sentencia de la Ley del Canal (Ley 840), que “sin ninguna fundamentación jurídica declara sin efecto el recurso por inconstitucionalidad contra la Ley del Canal por puro razonamiento político y no jurídico”.
3) Sentencias como la que, “con delirio político”, acaba de quitarle la personería jurídica del PLI (Partido Liberal Independiente) a (Eduardo) Montealegre para dársela a alguien más.
4) El caso de Las Jagüitas, “donde hubo verdadera impunidad”.
5) El documento que LA PRENSA acaba de publicar hace poco de una reunión donde los “magistrados preguntan por las preferencias del comandante Ortega”.
La amiga de la doctora Ramos, Xanthis Suárez, la defiende: “Tenemos que comprender que ella forma parte de un engranaje. Yo así entiendo. Yo le dije una vez: ‘Explicame qué pasó aquí’ (a propósito de algún desacuerdo). Y me dijo: ‘Hay momentos en que tenés que negociar. Para que haya o todo o nada’. Y a ella le ha tocado trabajar duro, enfrentar machismos. Ella es una mujer que tiene un reto enorme, que es defender sus principios en el difícil medio en que ella trabaja”.
Violeta Granera, por su parte, considera que Ramos tiene “una visión sobre lo que debe ser la justicia en el Estado de Derecho, pero lamentablemente yo sé que en este contexto dictatorial quien toma las decisiones en todos los poderes del Estado, es Daniel Ortega”.
“Como decimos nosotros, ella está haciendo su trabajo”, dice Suárez. “Que si a unos les parece, a otros no les parece, siempre va a ser así. Esté quien esté”.
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La Ley 779
Alba Luz Ramos fue una de las principales promotoras y coautora del proyecto de Ley integral contra la violencia hacia la mujer, que fue aprobado como Ley 779 por la Asamblea Nacional el 26 de enero de 2012 y entró en vigencia el 22 de junio de ese año.
Esta Ley fue celebrada por amplios sectores de la sociedad civil en pro de los derechos humanos y de las mujeres en particular. Muchos consideraban, al igual que la también impulsora del proyecto, Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que las medidas de la legislación “salvan vidas”.
No obstante, a mediados de 2014, el diario oficial del Gobierno publicó dos decretos presidenciales y un reglamento que “quitó el espíritu protector a favor de las mujeres que tenía la Ley”, según el doctor en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez.
“Hay una problemática social importante, hay una ley que pretende resolverla, y viene el presidente y sencillamente se carga la ley porque le da la gana, y la Corte Suprema sigue sin resolver esto como corresponde”, sintetiza Álvarez.
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