Pedro Joaquín Chamorro B. (PJChB), en un reciente y lúcido artículo, piensa que sí. Otros que no. Dilucidar el tema es importante, dada la relevancia del sector privado. Para comenzar es preciso definir su rol. Para PJChB es “ser eficiente y producir utilidades generando empleo y bienestar con responsabilidad social”.
Este último concepto, conocido como “responsabilidad social empresarial” (RSE), es vital para no considerar al empresario como una mera máquina de hacer dinero. Publicaciones del Banco Mundial definen la RSE como “Hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la Ley”. Luego añaden: “La empresa tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera” y que “la participación en el diseño y ejecución de Políticas de Estado… en la agenda social del país es prioritaria, toda vez que el desarrollo productivo de un país está estrechamente ligado al desarrollo de sus habitantes”.
En otras palabras, las empresas no navegan en un entorno meramente económico, sino que surcan un mar hecho de realidades políticas, sociales, culturales y ambientales. Es la vieja insistencia de que no puede separarse lo económico de lo político; de que el empresariado debe velar, en función de sus propios intereses, porque haya un entorno adecuado para hacer negocios limpios y para que la nación prospere. Esto llama a luchar por el imperio de la ley y por tribunales que fallen conforme derecho. Sin esto, ¿cómo hacer dinero éticamente? Implica también buscar una institucionalidad que asegure reglas del juego estables, aplicables a todos, y cero arbitrariedades.
Ante estas exigencias el Cosep se ha visto enfrentado a una realidad muy compleja: un gobierno irrespetuoso de la ley, corrupto, revestido de un poder omnímodo, pero que al mismo tiempo le ha ofrecido una alianza original en que, además de respetar la estabilidad macroeconómica, las recetas de la economía neoliberal, y el fomento a la inversión, le ha invitado a colegislar y a desplazar con sus representantes a los que los partidos tenían en las instituciones públicas y entes autónomos.
Lo anterior, combinado con las acciones de Ortega para reducir a los partidos a la insignificancia —fraudes electorales y privaciones de personerías a los más importantes— ha producido una situación en que, sin buscarlo, Cosep ha sido convertido en el principal y casi único interlocutor de importancia con el Gobierno. Esto ha invitado a que sectores de la sociedad esperen que asuma roles que en sociedades democráticas normales competen a los partidos. También ha producido críticas injustas de quienes ven los toros de largo e ignoran lo mucho que sus dirigentes han hecho por el país y las presiones a las que están sometidos; así han acusado al empresariado de ser un aliado feliz de un dictador que les garantiza sus reales. Aunque algunos caen en esta categoría, sobre todo algunos nuevos capitalistas, hay muchos, posiblemente mayoría, que aman la democracia pero que juzgan temerario alzar la voz.
Al Cosep no le compete estar “enjuiciando continuamente al Gobierno” (PJChB), pero sí denunciar la competencia desleal, licitaciones falsas y fallos amañados del poder judicial que perjudican a sus asociados. También le compete reafirmar su independencia, evitando actuaciones que luzcan como defensa del Gobierno; como cuando algunos se incomodan ante críticas de la situación sociopolítica alegando que perjudican al país o cuando denuncian como “campaña” críticas de los poquísimos medios independientes o cuando algunos “cabezas calientes” que dicen hablar en su nombre, sobrerreaccionan e insultan a opositores.
Finalmente, los empresarios deberían, a título personal, considerar la conveniencia de apoyar a fuerzas o líderes democráticos y creíbles. Es urgente salvar de la extinción al frente político.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
