El proceso de envejecimiento de la población ha comenzado a acelerarse, y pronto adquirirá velocidad de crucero. De acuerdo a las proyecciones sociodemográficas, cuando una persona que actualmente tiene cuarenta años se esté acercando a los sesenta , en sólo dos décadas más, el país habrá pasado de un 8.4 por ciento de adultos mayores sobre la población total en la actualidad, al 15.4 por ciento.
Cuando una persona de treinta llegue a los sesenta, dentro de tres décadas, el país habrá alcanzado ya el mismo grado de envejecimiento que muestran hoy los envejecidos países europeos, con un 22 por ciento de adultos mayores con respecto a la población total, sólo que estos países se encuentran en la actualidad entre los más ricos del mundo.
Para tener una idea de la magnitud de las presiones que representará el incremento en el número de adultos mayores, debe considerarse que en las próximas tres décadas la población total se incrementará en 23.3por ciento, mientras que el número de personas en edades productivas aumentará en 18.3 por ciento y el número de adultos mayores se incrementará en un 232.8 por ciento.
Dado que el proceso de envejecimiento – y de transición epidemiológica – están avanzando en nuestro país varias veces más rápido que en los países desarrollados, el debate sobre políticas públicas debía comenzar a enfocarse cada vez más en las condiciones que harían posible a nuestra sociedad enfrentar colectivamente los enormes desafíos y costos que representa este proceso, de la mejor manera.
Uno de estos desafíos, que ya ha comenzado a ponerse de manifiesto con inusitada fuerza y severidad, se refiere a los enormes costos que representará este proceso, en términos de la atención en salud a los adultos mayores.
La necesidad de sistemas de diagnóstico y tratamiento más complejos y costosos, sumado al aumento de gasto en salud inherente al envejecimiento de la población – como se sabe, la atención en salud a los adultos mayores tiene un costo varias veces superior al de las personas más jóvenes – y al cambio en el perfil epidemiológico de la población, provocan una tendencia de aumento fuerte y sostenido del costo de la salud.
El hecho de que el INSS haya cesado de suministrar medicamentos a los jubilados, refleja la voluntad de desacelerar el crecimiento de los costos de este rubro con el propósito de obtener, a fin de año, un déficit operativo, y global, inferior al que hubiese sido en ausencia de esta medida.
Ciertamente existe una ambigüedad en lo que respecta al marco legal y regulatorio en lo que respecta a determinar a quién le corresponde prestar atención médica especializada, y proveer el tratamiento requerido, a los adultos mayores; atención y tratamientos que, además, debe insistirse, debe prestarse no solo a los jubilados del INSS, sino al conjunto de personas mayores que habitan el país.
Esto denota el hecho, dramático, de que el país ni siquiera se ha planteado, con la extrema gravedad que ello amerita, el cómo va a hacer frente al masivo y acelerado crecimiento en la demanda de atención en salud asociada al rápido crecimiento de la población de adultos mayores, y al cambio en el perfil epidemiológico del país, cuando van adquiriendo un peso cada vez más elevado las enfermedades crónicas y degenerativas, y los elevados costos que ello conllevará.
Nos encontramos así con un escenario en el que, por un lado, el INSS rechaza seguir proporcionando medicamentos a los jubilados, y por otro lado el Minsa (Ministerio de Salud), tampoco posee la estrategia, y los medios y capacidades, para llegar a atender las considerables necesidades específicas y asumir los costos de atención en salud de una población de personas mayores que está creciendo con gran rapidez, crecimiento que está acelerando, y se estará acelerando cada día más.
*Economista