El énfasis primordial cuando se abordan los costos energéticos radica en el plan de expansión. El plan de expansión de Panamá apunta a limitar la inversión en plantas hidroeléctricas (a sabiendas que el cambio climático reducirá los aportes hídricos en 13 por ciento y, consecuentemente, reducirá el aprovechamiento en generación eléctrica en 30 por ciento), e invertirá fundamentalmente en la generación con gas natural y con carbón (abasteciéndose seguramente de Colombia, con estos combustibles a bajos precios, muy estables, que permiten generar con un alto factor de planta).
Obviamente, es una estrategia excelente de costos, basada en análisis probabilístico, y que debe estar acompañada, necesariamente, de una transparente licitación de los contratos con los desarrolladores de estos proyectos.
En cambio, el plan de expansión de Nicaragua, no solo carece de estrategia, sino que no es creíble. El problema aquí no es solo la falta de licitaciones, sino que la falta de transparencia ha facilitado que la expansión del parque generador haya sido determinada a la brava, por los desarrolladores de proyectos de generación vinculados al gobierno orteguista, en violación de las normas técnicas, y en negociación directa de los contratos a puertas cerradas.
El plan de expansión anterior asumía falsamente que entraría en operación comercial Tumarín, en 2014. Esta falla ha incrementado los costos marginales. El nuevo plan asume, ahora, que en 2019 entrará en operación comercial una planta de gas natural de 300 MW. ¿Alguien piensa que esta planta (si continúa en el poder Ortega) entrará en operación comercial en 2019 o, siquiera, en 2025? ¿Alguien cree, además, que como lo establece el actual plan de expansión, instalarán una planta hidroeléctrica de 121 MW en operación comercial en 2021, dentro de cuatro años (cuando usualmente una planta hidroeléctrica requiere diez años de maduración)?
En trece años, de aquí a 2030, el plan de expansión supone introducir 271 MW de generación hidroeléctrica. ¿Se ha considerado el incremento del costo de la energía hidroeléctrica, cuando el aprovechamiento energético en tales plantas se reduce en 30 por ciento producto del cambio climático?
En la realidad, ocurre, de hecho, una improvisación escandalosa, para contratar puntualmente, sin transparencia, cualquier tipo de generación, muy rápida de instalar, sin que cumpla los requisitos técnicos de las normas, y a un precio impuesto a puertas cerradas.
En 2008, Ortega inicia la contratación directa, opacando la transparencia
Por medio del decreto Nº 18-2008 se modifica el artículo 171 del Reglamento de la LIE (Decreto 42-98): Y se permite que el distribuidor contrate sin licitación nueva generación que impacte positivamente el PMC (Precio Medio de Compra).
Con lo cual, Ortega daría inicio a la contratación directa de 180 MW de las plantas Che Guevara de Albanisa (que incluyó, además, en su contrato, 27 MW de la planta donada por Taiwán al pueblo de Nicaragua), y la contratación directa de 200 MW de los generadores eólicos (incluido Albaviento, cuya segunda etapa indexa el precio 3 por ciento anualmente a partir de 2012, aunque la segunda etapa de esta planta, a la fecha, no haya iniciado siquiera su construcción).
Ambas tecnologías, contratadas sin licitación, no cumplen los requisitos técnicos de la Normativa de Operación para que se autorice su conexión al Sistema Interconectado Nacional.
Impacto abusivo en tarifa, de la generación eólica
Nuevamente, Zamora miente cuando dice:
Los primeros contratos eólicos que se firmaron en Nicaragua fueron licitaciones públicas y los subsiguientes contratos fueron amarrados, bajo contratación directa, a los precios muy similares de las últimas licitaciones.
El primer contrato, de Amayo I, se negoció a un plazo contractual de ciento ochenta meses, a un precio de 86.25 USD/MWh, y el 80 por ciento del precio se indexaría por el IPP (el Índice de Precios del Productor norteamericano, que ha rondado en los últimos cinco años en torno a 0.2). Zamora asegura, falsamente, que en ese entorno se da la negociación de los contratos eólicos, a buenos precios (alrededor de $100/MWh).
Veamos. En la segunda etapa, con Amayo II, el precio subió, sin razón alguna, a 92 USD/MWh, y la indexación, esta vez se aplica abusivamente sobre el 100 por ciento del precio (incluyendo en ello los costos fijos), y dado que el IPP inflacionario de Estados Unidos (EE. UU.) en promedio presenta un valor muy bajo, la indexación pasó al 3 por ciento anual, quince veces más que Amayo I (lo que hace que para 2023 el precio de Amayo II alcance un valor de 139.16 USD/MWh, independientemente que no haya inflación para el vendedor). Algo equivalente a que planta Corinto facture el precio de venta de su energía con un barril de búnker que sufra un incremento de 40 a 74 dólares (pero, sin que suba el precio del búnker).
De modo, que es falso que las plantas eólicas no incrementan su precio de manera constante y que el precio contractual de las eólicas sea bueno, ya que cuando en el resto del mundo este baja sostenidamente, aquí sube sin razón. El costo de los aerogeneradores en el mundo cayó 30 por ciento, y el costo de su mantenimiento de los equipos se redujo en 40 por ciento, entre 2008 y 2012.
También es falso que los siguientes contratos fuesen amarrados, como dice Zamora, a precios muy similares al primer contrato. Los últimos contratos tienen un precio base, en el año 2012, de 107.63 USD/MWh (25 por ciento más caro que Amayo I, mientras en el mundo los aerogeneradores mejoran su desempeño tecnológico y su rendimiento, y bajan sostenidamente de precio). Adicionalmente, los contratos incluyen una indexación del 3 por ciento anual, y el plazo contractual subió de 180 a 240 meses.
¿Podría presentar Zamora los análisis de estabilidad transiente del sistema de potencia, efectuados obligadamente por el CNDC, en los que simula distintas contingencias con el parque generador que se ha conectado discrecionalmente (en contra de las normas) de 2007 a esta parte? ¡Ese análisis de estabilidad es parte esencial de la transparencia técnica ingenieril! La conclusión de dichos estudios es que no se debió conectar al SIN ni los generadores eólicos (en tal porcentaje) ni las plantas Che Guevara. De manera, que ahora se deben instalar 140 MW, con motores de media velocidad, únicamente para que aporten (con un sobrecosto adicional) los servicios auxiliares que estos generadores no entregan.
En conclusión, la falta de transparencia en el sector eléctrico —como es de esperar— es la mayor fuente de ganancia especulativa.
El autor es ingeniero eléctrico.
