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Sucesión dinástica, Daniel Ortega, Estados Unidos, Nica Act
Julio Icaza Gallard

Un “modelo” en bancarrota

Hasta hoy, la reacción del régimen de Ortega y sus principales aliados frente al avance irrefrenable de la Nica Act, ha consistido en restarle importancia y calmar los ánimos, presentando sus efectos como administrables. Sus asesores destacan las recientes limitantes al poder de los EE.UU. en los organismos financieros internacionales, que permitirían a Nicaragua, supuestamente, maniobrar para impedir el bloqueo del financiamiento. Pero lo cierto es que,  ante la oposición del principal socio en estos organismos, aún sin poder de veto, el resto de países miembros difícilmente estarían en condiciones de sacar adelante una decisión contraria, con lo que cualquier solicitud de Nicaragua estaría condenada a no prosperar. Los mecanismos burocráticos para empantanar una iniciativa son innumerables;  oponerse a la decisión de una gran potencia tiene costos políticos, y más con un presidente impredecible en la Casa Blanca. ¿Cuántos estarán dispuestos a romper una lanza por Ortega? ¿A defender un régimen corrupto, que se roba las elecciones, viola los derechos humanos y pretende perpetuarse eternamente en el poder a través de una nueva tiranía dinástica? Otros han optado por esperar, hasta ver la forma definitiva de la ley una vez aprobada, para entonces reaccionar; una apuesta sumamente arriesgada,  que equivale a esperar de brazos cruzados la llegada de un huracán Mitch, con la vana esperanza de que a última hora cambie de trayectoria.

Bajo un question mark en los mapas de los inversionistas,  al que se suman los efectos de la drástica reducción de la ayuda venezolana, la economía de Nicaragua ya empieza a resentirse.  Es lógico que aumenten los niveles de preocupación, sobre todo en el sector empresarial: demasiadas cosas que nos afectan están cambiando fuera como para que dentro todo siga igual.

Cada día es más evidente la incapacidad de Ortega de recomponer sus relaciones con Washington, donde ha perdido toda credibilidad y donde su acercamiento a la Rusia de Putin no hace sino revivir la pesadilla de la Guerra Fría y poner  el tema de Nicaragua en la agenda de seguridad de la potencia militar más grande del mundo. ¿Qué futuro tiene Nicaragua como país, sin financiamiento internacional y enfrentada a su principal socio comercial? ¿Qué esperanza de superación de sus problemas económicos y sociales pueden tener los nicaragüenses, mientras estén gobernados por quien es considerado non grato por los principales líderes políticos de ese país, tanto demócratas como republicanos? Ortega podrá seguir recurriendo durante algún tiempo a sus bandas de delincuentes motorizados, a los empleados públicos cada vez más atemorizados, a la Policía y el Ejército en última instancia, pero evidentemente se habrá quedado sin futuro. Y un líder político sin capacidad de ofrecer futuro es un líder político liquidado.

A la bancarrota política que todo esto significa debemos sumar la bancarrota moral, cuya declaratoria será sellada cuando salga a luz pública el informe del secretario de Estado ordenado en la Nica Act, basado en información de la agencias de Inteligencia, sobre el involucramiento de altos oficiales del Gobierno, incluyendo miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, en actos de corrupción pública y violaciones de derechos humanos. No se trata de una simple lista de nombres de personas, como algunos quieren presentarlo: se trata de un informe que revelará actividades que, como es el caso de la corrupción pública, difícilmente pueden llevarse a cabo sin algún tipo de colaboración de parte de agentes privados.

Todo esto lo saben perfectamente quienes hasta hoy han sido los principales aliados de Ortega, las cúpulas militar y empresarial. Lo realmente sorprendente no es el estúpido invento de una conspiración en contra de la empresa privada, supuestamente dirigida desde los despachos de destacados periodistas de los medios de información independientes más importantes de Nicaragua. Una acusación descabellada, cuyo objetivo no es otro que pretender tapar y desviar las contradicciones que siempre han existido y hoy se ven exacerbadas. Lo realmente incomprensible es que en medio de tantas evidencias del fracaso, la inviabilidad y la parálisis del régimen de Ortega, la dirigencia del sector empresarial no solo dé crédito a esas acusaciones ridículas sino pretenda  presentar y vendernos como “modelo” un sistema que ha girado alrededor de un centro de poder profundamente corrupto y autoritario.

Una cosa es dialogar, mantener la necesaria comunicación con el poder fáctico, necesaria para garantizar la marcha de la economía y defender los intereses legítimos privados. Otra cosa, muy distinta, es construir un altar para rendir culto al poder más corrupto y autoritario de la historia de Nicaragua, en vísperas de la bancarrota económica que seguirá, irremediablemente, a la bancarrota política y moral ya anunciadas.

El autor es jurista y catedrático.

Opinión Daniel Ortega Estados Unidos Nica Act Rusia archivo
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