Más de 300,000 centroamericanos —entre ellos cinco mil nicaragüenses— resultarían afectados si el Gobierno de Estados Unidos determina ponerle fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), una situación que mantiene en vilo a los beneficiados con ese privilegio migratorio, afirmó Francisco Portillo, de la organización hondureña Francisco Morazán, en la ciudad de Miami.
El TPS ha beneficiado por casi dos décadas a ciudadanos de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Estados Unidos concedió el TPS a Nicaragua y Honduras en 1999, tras el desastre ocasionado por el huracán Mitch, mientras que en 2001 a El Salvador, tras los terremotos que sufrió esa nación.
La incertidumbre se origina tras las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en torno a que los inmigrantes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos debido a desastres naturales en sus países hace años quizá deberían empezar a pensar en volver a casa. A juicio de Kelly, el TPS no debería ser una medida indefinida como lo ha sido para decenas de miles de personas de Haití y tres países centroamericanos.
Afectación en economía
Roger Castaño, representante en Miami de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que de concretarse la suspensión del TPS contribuiría a afectar más la deteriorada economía en Nicaragua.
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“Aunque el Gobierno de Nicaragua hable de mejoras económicas en el país, la situación de pobreza está latente y eso se puede ver en los hogares, la pobreza no ha cambiado y Nicaragua tiene nuevas razones que vamos a exponer y es la falta de democracia en el país”, afirmó.
Para Castaño, la administración del presidente Donald Trump debería de otorgar la residencia permanente a los beneficiarios del TPS por su buen comportamiento y el cumplimiento de sus deberes como es el pago de impuestos.