Los diputados sandinistas no piensan escuchar a quienes se oponen a las reformas en materia penal en la discusión de las mismas previo a que las apruebe la Asamblea Nacional. En las consultas sobre esas propuestas, que fueron enviadas por el Gobierno, en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea, van a participar prácticamente solo quienes redactaron las reformas penales, como son la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional; y el único sector de la sociedad civil que sería invitado es el empresarial.
Esto es criticado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Aunque los legisladores designados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Comisión de Justicia exigirán que se invite además a los representantes de los organismos defensores de los derechos humanos, de las mujeres y las asociaciones de abogados, es poco probable que lo acepten los diputados sandinistas designados, quienes son 8 de los 12 miembros de esa comisión.
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María Auxiliadora Martínez, diputada sandinista presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que este miércoles por la tarde mandarían la convocatoria a quienes van a consultar, proceso que inicia la próxima semana.
“Estaremos consultando a los distintos órganos que tienen que ver con la aplicación de la justicia, como es la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y estaremos convocando también a la empresa privada”, precisó la diputada Martínez.
LA PRENSA cuestionó a Martínez sobre si extenderían invitación a los organismos defensores de los derechos humanos y de las mujeres que se han expresado opuestos a las reformas penales propuestas, a lo que la diputada oficialista respondió que “la Comisión (de Justicia) es la que va a decidir a quién vamos a consultar”.
Ese órgano legislativo lo integran un diputado del partido Yatama, dos del PLC y uno de la bancada PLI-ALN y 8 sandinistas, quienes con ese control evitan que organismos adversos al Gobierno expongan sus argumentos de rechazo a toda iniciativa promovida por el oficialismo y no sería la excepción con las reformas en materia penal.
Reforma antidemocrática
“Va a ser una reforma regresiva, represiva y antidemocrática por excluir a la ciudadanía”, reaccionó el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, quien manifestó que “se legisla en nombre de la sociedad y es una Ley para regular situaciones concretas ¿y quién demanda? Las instituciones del Estado, representan al Estado (…) y la sociedad ¿dónde se hace escuchar? Se pueden escuchar todas esas voces, pero representan al poder”.
¿Por qué no la envió la CSJ?
Carrión señaló que desde el procedimiento de la presentación de la iniciativa de Ley para su tramitación en la Asamblea Nacional “en el fondo está torcido”.
Y es que Carrión cuestiona que aunque según con la Constitución el presidente de la República, como jefe del Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución, tiene facultad de enviar una iniciativa de Ley a la Asamblea, también establece que el poder judicial, en el ámbito de su competencia, puede proponer la iniciativa de acuerdo con la materia.
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Y en este caso, según Carrión, “uno puede distinguir que el mismo poder judicial podría haber patrocinado la idea y aun cuando dicen que ellos trabajaron observamos que la hace el Ejecutivo”.
Es más, el funcionario del Cenidh destaca que en la exposición de motivos en la carta de remisión aparece la firma del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Por tanto, a criterio de Carrión, “la carta va dirigida del jefe al subordinado y allí no hay sombra que se pueda imaginar uno de que le vayan a hacer mayores objeciones” a la propuesta.
Y “si se alza un debate es para el simulacro y la venta de imagen”, pues el hecho de que lo proponga el propio Ortega, la iniciativa “tiene el sello de verticalismo”.
El defensor de derechos humanos puso como ejemplo que una de las tres leyes propuestas a reformas, la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer, fue sometida a un amplio debate para su aprobación, por lo que es correcto que participen las instituciones operadoras de justicia, pero también las organizaciones defensoras de mujeres.
“En el marco de lo que dice la Constitución es de derechos humanos que la ciudadanía y podríamos decir las organizaciones de mujeres y las mujeres a título personal sean escuchadas. Individual y colectivamente la ciudadanía tiene derecho de ser escuchada”, dijo Carrión.
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Para el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, esto “será un cupiacumi”, entre ellos mismos. Lo que confirma, para el representante de la CPDH, “que aquí en Nicaragua no hay un verdadero Estado de Derecho”.
Carmona lamenta que a diferencia de períodos anteriores, cuando tomaban en cuenta a diferentes sectores de la sociedad —como gremios, derechos humanos, académicos, entre otros—, esto ha dejado de ocurrir.
“Y como estos sectores han venido haciendo aportes en defensa de la democracia y los derechos humanos (…) lo que menos le interesa a la Asamblea es escuchar la opinión crítica de las personas que podemos cuestionar eso”, sostuvo Carmona.
PLC en consulta paralela
Jimmy Blandón, diputado designado del PLC, señaló que “no tiene sentido solo escuchar a quienes van a decir que lo que ellos piden está bien”, como son las instituciones (excepto el sector privado) que conformaron la comisión especial que redactó las reformas penales que ahora impulsa el Gobierno. Al estar claros que los sandinistas cerrarán las puertas a los organismos de la sociedad civil adversos a las reformas, el PLC hará unas consultas paralelas a las de la Comisión de Justicia, en las que supuestamente sí convocará a esos grupos.
FSLN ya las da por aprobadas
Daniel Ortega envió el viernes pasado al poder legislativo un combo de propuestas de reformas al Código Penal (Ley 641), al Código Procesal Penal (Ley 406) y a la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, donde plantea el incremento de penas en los delitos de parricidio, femicidio, asesinato, violación a menores de 14 años y violación agravada.
También que los jueces técnicos canalicen casi todo tipo de delitos y legalizar las detenciones ilegales y que los detenidos por delitos de supuesta relevancia sean juzgados en Managua.
La aplanadora de 70 diputados que tiene el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea le garantizaría a Ortega que las reformas penales se aprueben como las pidió e incluso los legisladores oficialistas ya lo dan por hecho, por lo que las consultas serán un simple trámite.
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“Es necesaria la reforma porque se requiere la protección de la vida y creemos que al incrementar las penas de estos tipos de delitos que vamos a reformar en el Código Penal y el Código Procesal Penal puede, en alguna medida, continuar cometiendo este tipo de delitos”, afirmó la sandinista Martínez, quien justifica que los delitos los puede cometer cualquier ciudadano común y corriente.