Ivón Miranda es una de las dos mujeres que fue procesada y condenada junto a nueve compañeros de trabajadores de zona franca por reclamar condiciones laborales, el pasado 27 de junio del 2016, frente a la empresa Sae A Technotex S.A.
Esta obrera, aunque está en libertad, porque fue beneficiada con la suspensión de la pena por no tener antecedentes penales y porque su demanda devenía de asuntos laborales, pues así lo reconoce el judicial en la sentencia condenatoria de primera instancia, esta situación le ha traído serias consecuencias económicas.
“Esta sentencia me ha limitado en buscar un empleo digno, porque me mancharon mi hoja de vida en la policía y no me dan trabajo en las empresas. Emocionalmente ha afectado a mi familia. Solo Dios sabe las necesidades que pasó para alimentar a mi hija y pagarle el colegio”, dijo la afectada.
Esta semana, los diez trabajadores acudieron a la audiencia de apelación ante la sala penal dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, donde tienen esperanzas que los magistrados revoquen la sentencia condenatoria y por fin los libere de esa carga.
Rudy Castro, otro de los obreros afectados, dijo que cuando fue a la policía de Tipitapa a buscar su récord policial para buscar trabajo, le salió manchado hasta por cinco delitos que él no cometió ni fue declarado culpable en los juzgados.
Gobierno defiende a empleador
“Esto es una injusticia lo que están haciendo. Nosotros no debimos ser procesados siquiera. Ahí los antimotines llegaron a alterar el orden y agarrar a cualquiera sin investigar”, dijo el obrero.
Para Álvaro Leiva, secretario ejecutivo la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) la actitud que tomó el Gobierno contra estos trabajadores es en represalias por defender sus derechos de un empleador protegido por el mismo Gobierno, en detrimento de los empleados.
“Desde hace muchos años el Gobierno viene tomando acciones de criminalizar y penalizar el derecho a la libertad sindical que ejercen sindicatos, como un mensaje claro y amenazante para quienes quieran defender sus derechos fundamentales”, dijo Leiva.
El defensor expresó que es triste ver las consecuencias de estos actos en las familias de los trabajadores procesados, porque muchas veces son los únicos proveedores del hogar y les limitan el derecho a un trabajo digno.
Sentencia condenatoria en contra de los trabajadores
E l juez de juicio de Tipitapa Sergio Amador Perezalonso condenó a 10 trabajadores de zona franca y dos taxistas a un año de cárcel por obstrucción de funciones y dos años por daños agravados, en perjuicio de la Policía y la empresa de zona franca de capital coreano Sae A Technotex S.A.
Los procesados son Juan Carlos Sequeira Telleria, Genaro Gaitán Urbina, Ivonne Miranda, Josué Obando, Maynor Orozco, Jonathan Mendoza, Luz Urbina, Jorge Luis Flores, Néstor Suárez, Rudy Conde y Olga Blandon.
El judicial reconoció en su sentencia que los hechos ocurridos el 27 de junio de este año frente a dicha empresa fueron de índole laboral, pues los acusados reclamaban la incorporación de dos sindicalista y las altas metas de producción exigidas.