La Ley 840 aprobada el 13 de junio de 2013 “tiene de rodillas al Estado de Nicaragua”, aseguró este jueves el jurista Alejandro Aguilar, durante un foro denominado “La Ley Ortega Wang: 4 años después”, organizado por Confidencial, Esta Semana y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
El foro se enfocó en abordar las implicaciones de la concesión canalera para el país y participaron Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía; Mónica López, asesora legal del Movimiento Campesino; Alejandro Aguilar, jurista; Azahálea Solís, jurista y miembro del MAM; y el sociólogo Manuel Ortega Hegg. El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, fue el moderador.
“(La Ley 840 es un documento que pone a Nicaragua de rodillas completamente frente a alguien que no asume ninguna responsabilidad, porque el compromiso de ese inversionista (Wang Jing) es promover esa obra. Cada vez que releo esta ley me preocupo más y con este asunto del canal, la población tiene el mayor desafío para defender la integridad de su Estado”, expuso Aguilar.
A juicio del jurista, la Ley 840 a todas luces tiene una responsabilidad política, pero cuestionó dónde estaba la responsabilidad jurídica al momento de la creación de la ley canalera.
“¿Yo quisiera saber dónde están los asesores jurídicos de Nicaragua que permitieron que esto fuera posible? La responsabilidad política es evidente, pero hasta hoy no sabemos quiénes fueron los asesores legales en esta negociación y porque Nicaragua terminó de rodillas frente a un promotor que no asume ninguna responsabilidad de esa supuesta inversión”, cuestionó Aguilar.
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Violentó la constitución
Para la también jurista, Azahálea Solís, la Ley 840 representa “el mayor oprobio jurídico político de la historia de Nicaragua”
“Yo no conozco ninguna ley en Nicaragua que haya violentado tantos artículos constitucionales. La Ley 840 apenas tiene 25 artículos y violenta 41 artículos de la Constitución Política. Yo creo que si uno analiza lo que pasó con esa ley se va encontrar con el ensayo del totalitarismo y la dinastía. Por eso es que nosotros en junio de 2014 denunciamos por traición a la Patria a Daniel Ortega, porque Nicaragua deja de tener jurisdicción de todo su territorio y principios elementales del estado oficial del derecho y principios elementales de los derechos humanos”, aseguró Solís.
La jurista asegura que lo que cabe para que el gobierno de Ortega derogue la Ley 840 es la movilización nacional inmediata “de toda la sociedad nicaragüense, deponiendo cualquier interés, porque estamos ante el menoscabo absoluto de los intereses del Estado de Nicaragua”.
Manuel Ortega Hegg, también miembro de la Academia de la Ciencia, señaló que la ley es excluyente porque no se le consultó a la población que vive donde pasará la obra canalera, los que deberían tener voz para decidir sobre los planes de desarrollo de su localidad según el especialista.
Mónica López, asesora legal del movimiento campesino, aseguró que la ley 840 es el talón de Aquiles del gobierno de Daniel Ortega y calificó de acertado y autónomo el trabajo y la movilización de los campesinos a lo largo de los cuatro años de lucha por la derogación de la ley canalera.
“Para mí en realidad este proyecto que ha sido el proyecto estelar del gobierno de Ortega, se ha convertido en su principal talón de Aquiles y el hecho de que no haya ninguna otra agenda social o política, haya generado la emergencia tan rápida de una fuerza social tan significativa como el surgimiento de un movimiento campesino, pues a mí me indica que estamos en presencia de un meteorito político que ha irrumpido en la vida nacional, como movimiento popular”, señaló la asesora jurídica y autora del libro La Entrega de un país: expediente jurídico de la concesión canalera en Nicaragua.
Medardo Mairena, actual coordinador del Movimiento Campesino, dijo que los nicaragüenses deben conocer más a fondo las implicaciones de la concesión canalera y a la vez aseguró que los campesinos continuarán su lucha por la defensa de las tierras pese a la represión de la administración Ortega-Murillo.
“Los sectores no han reaccionado como deberían de reaccionar, por desconocimiento a la ley. Tenemos la fe en Dios que los demás sectores poco a poco se irán sumando porque esta ley es lesiva, tenemos un problema de soberanía y la ley nos afecta a todos”, lamenta Mairena.
El líder campesino afirma que la represión del gobierno los alienta “con más fuerza” seguir movilizándose por “la defensa de nuestros territorios”.
Mairena invitó a los nicaragüenses a leer bien la Ley 840, tras señalar que “esta ley nos afecta a todos, es una afectación a nuestra soberanía”, expone.
Los panelistas coincidieron en que la Ley 840 debe ser derogada insistiendo que Nicaragua ha sido expuesta a cualquier árbitro internacional.
