El silencio de la OEA

La misión de la OEA entregó al gobierno el plan de trabajo, pero pareciera que se presentaron dificultades en relación con el presupuesto.

19/06/2017

El Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua fue suscrito el 28 de febrero del presente año, es decir hace ya casi cuatro meses. Desde entonces es muy poco lo que se sabe acerca de las acciones de la Secretaría General relacionados con el Memorándum.

Según el artículo II, punto 2.1 del documento, las partes se comprometían a desarrollar sus relaciones de cooperación a través de la instalación de una Misión de Cooperación que atendería los dos componentes claves del Memorándum: el componente político-electoral y el de fortalecimiento institucional. Hasta el momento, nada sabemos sobre la instalación de dicha Misión.

Por otra parte, según el artículo III, punto 3.1 del mismo documento, luego de su firma la Secretaría General se comprometió a entregar al Gobierno de Nicaragua una propuesta de proyecto para la ejecución de ambos componentes, es decir, un plan de trabajo con definición de objetivos, de los responsables de la ejecución, presupuesto, recursos humanos, etc., todo sujeto a la condición de disponer con los fondos necesarios, ya que ni el gobierno ni la Secretaría General, según el artículo IV, asumieron compromisos económicos para la ejecución.

La misión de la OEA, presidida por el jefe de gabinete del secretario general, Gonzalo Koncke, entregó al gobierno el plan de trabajo, pero pareciera que se presentaron dificultades en relación con el presupuesto.

La misión salió abruptamente del país, cancelando las entrevistas concertadas con la sociedad civil y los partidos políticos. Esta misión adujo, para explicar la cancelación de las citas acordadas, “razones de fuerza mayor ajenas a la misión”, que serían expuestas en un “comunicado institucional”.

Podría argumentarse que todo el personal de la Secretaría General de la OEA está actualmente involucrado en el caso de Venezuela y los preparativos de las reuniones de la Asamblea General que se llevarán a cabo  en Cancún, México. Pero expedir el prometido comunicado institucional no debería tomar mucho tiempo, salvo que la Secretaría General tema que su contenido podría afectar su proceso de entendimiento con el  Gobierno de Nicaragua, que a estas alturas, ya no pareciera estar tan interesado en esa relación, porque no fue capaz de detener la presentación de la nueva versión de la Nica Act, cuyo componente anticorrupción tanto temor le infunde.

La propuesta de proyecto de plan de trabajo tampoco lo dio a conocer la Secretaría General al pueblo de Nicaragua, que es el más interesado en conocerlo, desde luego que tiene que ver con aspectos político-electorales e institucionales de mucha importancia para el futuro del país.

En otro aspecto que la Secretaría General está en mora es en dar a conocer el primer informe que envió al presidente designado Ortega, “ponderando los hechos” ocurridos, previo a la celebración de las elecciones del 6 de noviembre pasado. El contenido de ese informe, más la aprobación por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de la primera versión de la Nica Act, movieron a Ortega a iniciar “conversaciones constructivas” con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuya renuncia el Gobierno de Nicaragua había demandado en el seno de una Asamblea General de la OEA. Para un organismo internacional, como la OEA, no cabe el secretismo que practica el gobierno de Ortega. Sería lamentable que la OEA mantenga en secreto el contenido de dicho informe por una imposición del Gobierno de Nicaragua.

El hecho que hasta el momento la Secretaría General no haya cumplido con la promesa de ofrecer una explicación institucional sobre la salida abrupta de la misión podría llevar a pensar que la “fuerza mayor” aducida haya sido una prohibición a la misión de la OEA para reunirse con partidos democráticos que no están inscritos en el actual proceso electoral ni con los representantes de la sociedad civil, lo que para la OEA sería una imposición inaceptable por su misma credibilidad.

Nada se sabe tampoco acerca de las gestiones de la OEA para conseguir el financiamiento necesario para llevar a cabo una observación eficaz del proceso electoral municipal, del que estamos a menos de cinco meses y la OEA brilla por su ausencia en el país, no obstante que etapas importantes del proceso ya se están cumpliendo.
El autor es jurista y catedrático.   

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