Por separados, pero unidos por el mismo motivo de buscarle solución a la insolvencia financiera del INSS, dos organizaciones políticas hicieron propuestas de salvación al Seguro Social.
En una conferencia de prensa en un hotel capitalino, el nuevo Movimiento de Acción y Reflexión que integran personajes de diversas tendencias políticas adversas al régimen del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, hizo una propuesta de rescate del INSS en 10 pasos.
En resumen, esta organización política leyó en voz de su coordinador Mauricio Mendieta Herdocia, las siguientes acciones para el INSS: reducir los gastos administrativos del Instituto del 13 por ciento que aproximadamente consume a un 6.5 por ciento máximo, reduciendo personal supernumerario, eliminando privilegios a empleados afines al gobierno y revisando la tabla salarial de sus empleados.
Además, plantearon un proceso de apertura transparente de sus cuentas al público y las instituciones, para que analicen las inversiones del INSS, el sistema de compras de medicinas, los préstamos otorgados a empresas y personas allegadas al régimen y rendir cuentas claras que deban ser fiscalizadas de forma autónoma por la Contraloría General de la República.
Cárcel para funcionarios responsables de la crisis
La organización exigió, entre otras cosas, procesar penalmente a los funcionarios del INSS que hayan contribuido en los últimos diez años a afectar las reservas del Seguro Social y establecer una nueva administración con independencia del poder ejecutivo.
Pidieron, además, la participación del Estado para que el gobierno asuma sus deudas con el INSS y ejecute acciones presupuestarias para asumir gastos del Seguro Social de carácter partidario y político, como el pago a las víctimas de guerra (que observan se han aumentado pese a que el final del guerra ocurrió hace 27 años) y las pensiones reducidas.
Sin embargo, donde más hacen énfasis los miembros del Movimiento de Acción y Reflexión, es en la implementación de un nuevo programa y modelo de salud que garantice a los asegurados y jubilados un servicio médico eficiente.
FAD también demanda transparencia
En otro momento, enfrente de la sucursal Germán Pomares del INSS, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) protestó exigiendo la entrega completa de la medicina que el Seguro Social ha recortado a los jubilados y haciendo sendas propuestas de rescate de las finanzas del Instituto.
Nos sumamos a su indignación por la falta de respuesta del inconstitucional gobierno de Ortega y de quienes ejercen las funciones de dirección de la institución frente a la insolvencia financiera de la seguridad social”, dijeron los miembros de la organización, que llegaron con pancartas y gritando sus propuestas.
Según el FAD, integrado por miembros del Movimiento Renovador Sandinista, jóvenes universitarios, extrabajadores del Estado y disidentes liberales, entre otros, en 2007, la actual administración del INSS recibió un superávit de más de 1,000 millones de córdobas, con gastos administrativos de alrededor del 6% sobre los ingresos corrientes y con una planilla de menos de 1,200 trabajadores.
¿Por qué hay tantos “trabajadores” en el INSS?
Diez años después, de acuerdo a los protestantes, el INSS está al borde de una condición de insolvencia, con elevados gastos administrativos, que representan actualmente el 13% de los ingresos corrientes de esa institución.
En diez años, la nómina del INSS se ha elevado hasta por encima de los 4 mil trabajadores, una cifra inexplicable, si se considera la automatización de múltiples procesos institucionales. El otorgamiento de un catorceavo mes a los trabajadores rebasa absolutamente, las posibilidades económicas de una institución en crisis”, observan los miembros del FAD.
Ellos, al igual que los miembros del Movimiento de Acción, piden mayor transparencia, eliminación de la corrupción, rendición de cuentas, autonomía e independencia de sus directivos, involucramiento del Estado vía presupuestaria y legal para asumir los gastos de pago a víctimas de guerra y pensiones reducidas, así como reformas de leyes para dotar al INSS de recursos extras, como los obtenidos en la lucha contra el narcotráfico.
Desde que el FMI anunció la insolvencia del INSS para el año 2019, las autoridades centrales del Seguro Social no se han pronunciado sobre las propuestas de los sectores políticos y de la sociedad civil, tampoco han anunciado medidas de rescate financiero y se han dedicado a achacar la responsabilidad de la crisis a gobierno que estuvieron en el poder diez años atrás.
