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Venezuela
Ramón Maldonado García

Incertidumbre en Venezuela

La situación actual de muchos pueblos es compleja. El futuro es difícil predecirlo cuando muchos políticos  y gobiernos dicen representar, luchar y gobernar en nombre de sus países.

Pero no es así. Hoy muchos gobernantes están usando otros métodos para perennizarse en el poder, irrespetando lo que dice la Constitución de la República.

Otros hacen reformas o enmiendas a la Constitución de la República cuando están en el poder para conveniencia de cúpulas partidarias y facilitar la reelección continua de un gobierno popular, según ellos, sostenido por “mayoría absoluta”.

Así lo están haciendo en muchos países de América del Centro, del Sur y otros.

Ejemplo: En la patria de Bolívar se ha convocado a un referéndum para instalar una Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Iniciativa convocada por el presidente Nicolás Maduro, mediante el decreto presidencial 2830 del 1 de mayo de este año, basándose en los artículos 70, 236, 347, 348 y 349 de la Constitución.

Las bases comiciales de la Asamblea Constituyente propuestas por el presidente y su convocatoria fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya presidente declaró que el proceso de postulación para los candidatos iniciaría el 1 y 2 de junio de 2017, realizando el proceso electoral el 30 de julio de este año.

El decreto 2831 también creó una comisión presidencial que redactará la propuesta con las bases comiciales territoriales y sectoriales de la Constitución.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), en un acto oficial manifestó su desacuerdo ante las medidas adoptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), calificándolas de “ruptura del orden constitucional”, lo que fue entendido como un “breve conflicto” entre poderes públicos aliados al poder ejecutivo.

El presidente Maduro calificó el roce entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia como un “impasse” y convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación para discutir la situación con los entes públicos (excepto la Asamblea Nacional y la Fiscalía General), cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, señor Julio Borges, quien fue invitado a participar, no asistió, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, tampoco asistió.

El presidente Maduro señaló este “impasse” como muestra de independencia de poderes en Venezuela, posición refutada por analistas proclives a la oposición, para quienes la actuación de los representantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ante el Consejo de Defensa de la Nación ratificaba su falta de independencia.

Esto desencadenó protestas que exigieron la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y adelanto de las presidenciales previstas para 2018.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de asumir las funciones del Legislativo, constituye una “ruptura del orden constitucional”.

“Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Ortega Díaz durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público.

Y hoy la situación se complica: Perú anuncia su retiro definitivo de su embajador, y otras reacciones internacionales de condena a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Y en la Asamblea de la OEA no ha habido consenso para dar  una solución positiva que acabe con las protestas callejeras que han sobrepasado la cifra de setenta víctimas mortales.

La OEA rechazó diez puntos que presentó el gobierno del presidente Maduro. Ojalá pronto termine el drama del pueblo venezolano.

El autor es médico.

Opinión OEA protestas en Venezuela Venezuela archivo
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