La denuncia por corrupción presentada por la Fiscalía contra el presidente de Brasil, Michel Temer, fue entregada este jueves a la Cámara de Diputados, que determinará si debe ser aceptada y dar lugar a un juicio que puede desalojar al mandatario.
El documento que detalla los cargos formulados contra Temer por la Fiscalía fue remitido por la Corte Suprema a la Cámara baja, que hoy mismo deberá iniciar el proceso que determinará la suerte del presidente.
Temer es acusado de corrupción pasiva, con base en unas confesiones de directivos de la empresa JBS que sostienen que recibe sobornos de ese grupo desde 2010 y que esas prácticas se mantuvieron cuando asumió el poder, en mayo pasado, después de que comenzó el juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff.
Investigación a un presidente
Según la Constitución brasileña, un gobernante en pleno ejercicio del cargo sólo puede ser investigado por un delito de carácter penal si hubiera sido cometido durante su mandato, lo cual, según la Fiscalía, es el caso de Temer, el primer gobernante sometido en el país a un proceso de esta naturaleza.
La denuncia de la Fiscalía deberá ser leída este jueves en el pleno de la Cámara baja, que después notificará a Temer del inicio del trámite.
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El próximo paso será en la Comisión de Constitución y Justicia del órgano legislativo, cuyos 66 miembros tendrán un plazo de hasta 15 sesiones para debatir el caso y aprobar o rechazar un informe que luego será remitido al pleno de la Cámara de Diputados.
Si al menos dos tercios de los 513 diputados votan por aceptar la denuncia, el trámite regresará al Supremo, que tras un debate en su propio pleno de once miembros decidirá si finalmente instaura el juicio contra Temer, quien en ese caso sería suspendido del poder durante los 180 días que duraría el proceso.
Su vacante sería cubierta durante ese lapso por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y en caso de que Temer resulte condenado las dos cámaras legislativas serían convocadas escoger en una elección indirecta al responsable de gobernar al país hasta el 1 de enero de 2019, cuando vence el actual período presidencial.