Ante la fuerte presión que el pago de las pensiones reducidas está ejerciendo sobre las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al Gobierno cerrar este grifo. No más pensiones reducidas y sustituir estas por una pensión no contributiva para aquellas personas mayores de 65 años, que vivan en pobreza.
En su reporte completo sobre la Consulta al Artículo IV, la delegación del Fondo señala que “el número de beneficiarios potenciales de la pensión reducida fue mucho mayor de lo inicialmente previsto, lo que fue un factor importante detrás del reciente deterioro rápido de las finanzas del INSS”, que se encamina a caer en insolvencia en 2019 si no se aplican reformas “urgentes”.
Las pensiones reducidas inicialmente se establecieron por decreto en 2013 y se entrega a los adultos mayores que cotizaron entre 250 y 749 semanas. Y si bien en mayo de 2015 la Asamblea Nacional, dominada por los sandinistas, aprobó una Ley de pensión reducida, los montos que se pagan fueron establecidos en un decreto, que puede ser anulado sin necesidad de pasar por el poder legislativo.
Para el Fondo, los adultos mayores con pensión reducida están recibiendo más beneficios que los que pagaron con sus aportes durante su vida laboral al INSS. “La pensión reducida ha creado distorsiones e inequidades que deben ser abordadas”, señala el organismo, al tiempo que menciona que cualquier reforma que se haga al sistema de pensiones debe pasar también por hacer cambios en la reducida.
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Además de reestructurar los beneficios de salud que se le da a estos pensionados y que se ajusten según a lo que aportaron durante su vida laboral, alternativamente el FMI le sugiere al Gobierno “cerrar la pensión reducida a nuevos beneficiarios y sustituirla por una pensión no contributiva dirigida a las familias por debajo de la línea de pobreza”.
Basándose en la experiencia de otros países de América Latina, el Fondo señala que se puede establecer una pensión no contributiva de 24 dólares al mes (equivalente al 15 por ciento del salario mínimo o alrededor de 1.1 por ciento del PIB per cápita), la cual podría beneficiar a una cuarta parte de la población de más de 65 años, lo que costaría 0.2 por ciento del PIB. Esta, sin embargo, no sería una carga para el INSS, sino para el Presupuesto General de la República.
Pero ¿qué peso tienen las pensiones reducidas? ¿Cuántos son los beneficiarios? Hasta marzo de este año, según cifras que recoge el reporte del Fondo, el INSS tenía 46,071 pensiones reducidas, equivalentes al 19.47 por ciento del total de pensionados del instituto, que sumaban 236,565.
Hasta el año pasado, la pensión reducida que reciben los adultos mayores promedió los 83 dólares mensuales, es decir, 27 por ciento del salario promedio nacional. “El costo estimado de la pensión reducida en 2016 fue de alrededor del 0.36 por ciento del PIB”, precisa.
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El Fondo reconoce que ese monto medio de las pensiones es bajo, pero señala que el problema es la creciente demanda de esta y la presión financiera que se ejerce por las prestaciones en salud que se deben dar adicionalmente.
Esta propuesta del Fondo Monetario Internacional forma parte del paquete de ajustes que dejó sobre la mesa al Gobierno para la próxima discusión que se deberá abrir para intentar, una vez más, sanear las deterioradas finanzas del INSS, que se encamina este año a cerrar en su quinto año consecutivo con déficit.
En caso de que no se hagan ajustes, el FMI pronostica dos décadas de crisis, que ocasionarán que el Ejecutivo asuma mediante el Presupuesto General de la República el pago de pensiones. El Gobierno le dijo a la delegación del FMI que no había condiciones para asumir déficit del INSS en el Presupuesto.
Volverían a la calle
El presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, afirmó que a esa organización lo único que le importa es que se les siga pagando mensual la pensión reducida y no importa si el dinero sale del INSS o del Presupuesto General de la República.
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“Como asociación no interesa en lo más mínimo si la pensión la seguimos recibiendo del Seguro o la recibimos de la Presidencia. El problema es que nos digan que nos van a quitar la pensión… Que la paguen unos o la paguen otros no nos afecta, porque nuestra pensión no puede ser menor a lo que ya recibimos y es algo que ya está aprobado en la Asamblea Nacional como Ley de la República”, dijo García.
Asimismo, aseguró que el futuro de la pensión reducida no se está discutiendo con las autoridades del INSS, por el contrario cada mes se incrementa el número de personas que reciben este beneficio y de negarles este derecho adquirido volverán a protestar en las calles.
“Moriríamos en las calles los adultos (mayores), yo podría afirmar que las medidas que nos afecten de manera sensible las vamos a rechazar, nosotros comenzamos de manera muy pacífica, pero eso no significa que no podamos hacer demandas de mucho contenido”, precisó García.
Critican propuesta
Sobre la propuesta del Fondo Monetario Internacional de comenzar a ajustar todas las pensiones, incluidas las mínimas, al tipo de cambio o la inflación, el presidente de la Unión Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (Unajupam), Rigoberto Muñoz, manifestó que las nuevas propuestas del Fondo para salvar al Seguro Social van a afectar principalmente a las personas que se jubilen después del año 2019.
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“Es una propuesta que nosotros la miramos descabellada y a los que van a afectar sería a los posibles jubilados porque nosotros somos 80,000 jubilados que estamos sobre una base de 4,870 córdobas. Esta medida afectaría a los jubilados a partir de 2019”, afirmó.
No obstante, en el documento del Fondo Monetario Internacional se señala que los ajustes deben afectar a las pensiones actuales para evitar que el INSS caiga en insolvencia en 2019 y extenderle la existencia al mismo hasta 2040.
