Hace dos semanas en Cancún, la asamblea general de la OEA dictó una nueva resolución de reafirmación de la libertad de expresión y de condena al asesinato, agresiones y otros actos de violencia contra periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya gestión se resalta especialmente en la resolución, saludó con alborozo lo resuelto por los gobiernos continentales.
Dijo la Relatoría que ello “constituye un avance para la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas”. Efectivamente la decisión merece el aplauso, pero no es tan seguro lo del “avance”. Habrá que ver y esperar.
Hace 19 años también la Asamblea General de la OEA, reunida en Caracas, aprobó el 2 de junio de 1998 una resolución condenando el crimen y la violencia contra los periodistas y haciendo todos los llamados y recomendaciones del caso a los países miembros e incluso con muchas esperanzas saludando y pidiendo apoyo para la mencionada Relatoría que había sido creada siete meses antes.
En estas casi dos décadas que han pasado los datos no son muy halagüeños ni esperanzadores: han sido asesinados más de cuatrocientos periodistas, y muy pocos de estos casos, no llegan ni al 20 por ciento, se han resuelto y los culpables han sido castigados.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quizás por todo ello es algo más crítica que la Relatoría; se congratula sí por la resolución, pero al tiempo recuerda lo resuelto en 1998 y advierte que “las resoluciones no son suficientes si no existe voluntad política para… implementarlas en la práctica con recursos económicos y humanos”. “Si todo queda en declaraciones —lamentó la SIP— estaremos frente a un nuevo atajo demagógico en el que los gobiernos solo declaran, pero no actúan”.
En función de la verdad histórica la SIP es una de las organizaciones con mayor autoridad para hablar del tema. En julio de 1997 convocó en Guatemala a una Conferencia Hemisférica sobre “Crímenes sin Castigo contra Periodista”. Fue el primer llamado de atención importante sobre este grave problema. Allí con el respaldo de todas las organizaciones de defensa de la Libertad de expresión se pidió a la CIDH la creación en su seno de la Relatoría sobre Libertad de Expresión y por supuesto se hicieron todos los reclamos y llamados a los gobiernos para que se “ocuparan” del tema.
La CIDH a los cuatro meses creó la Relatoría. Los gobiernos tampoco hicieron oídos sordos y al año siguiente, como consignamos ya, la OEA tomó su resolución condenando y comprometiéndose.
En ella los gobiernos reconocen en un considerando “que, entre otras, la Conferencia Hemisférica Crímenes sin Castigo contra Periodistas, celebrada en Guatemala en 1997, denunció que en los últimos años se ha venido atentando contra el derecho a la vida de profesionales de la comunicación en el ejercicio de sus funciones”.
Pero aun antes que los gobiernos americanos la Unesco recogió y dio respuesta al llamado de la “conferencia hemisférica” y aprobó una resolución en esa línea de condena y de pedido a las autoridades a que asuman el tema. En la parte expositiva expresamente se da crédito al trabajo de la SIP y de la Conferencia: “Considerando, a) el incremento de asesinatos contra periodistas en los últimos diez años como consecuencia del ejercicio de su profesión, como ha sido denunciado por diversas organizaciones internacionales, y que la mayoría de esos crímenes permanece impune; b) como ejemplo esa realidad en las Américas ha sido comprobada por la SIP a través de investigaciones realizadas en diversos países y por misiones especiales cumplidas, atenta a que como consecuencia de la Conferencia Hemisférica “Crímenes sin Castigo contra Periodistas”, convocada por la SIP, varias organizaciones profesionales resolvieron iniciar acciones conjuntas para esclarecer los crímenes sin castigo contra periodistas”.
Así han sucedido los hechos respecto al tema del asesinato de periodistas y es bueno recordarlos tal cual fueron como un más fuerte llamado de atención a los gobiernos para que sean responsables y se comprometan y, a la vez, para evitar desviaciones en el “relato” de cómo fueron las cosas.
El autor es periodista uruguayo. Fue presidente de la SIP.