Políticos y exfuncionarios coincidieron en que el informe sobre Clima de Inversiones en Nicaragua 2017, del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) es una radiografía de un sistema antidemocrático basado en el control absoluto del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, sobre toda la administración estatal, lo cual mina las supuestas bondades que ofrece el modelo económico para atraer la inversión externa.
El constitucionalista Gabriel Álvarez advierte que Ortega “no puede seguir obviando” el mensaje de Estados Unidos de que considera a su administración “como un poder centralizado en pocas manos” y “que se le ve como un futuro riesgo de desestabilización en la región”.
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En el informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2017 se reconocen potenciales en diferentes áreas para hacer negocios y se resaltan condiciones favorables, como el proceso de diálogo entre el sector privado, los sindicatos y el Gobierno para definir temas importantes para las empresas, como el salario mínimo.
Sin embargo, el Departamento de Estado identifica en su informe que “la corrupción sigue siendo un reto importante para las empresas estadounidenses que operan” localmente.
Álvarez cree que Ortega debe tomar en serio estas advertencias. “O reacciona en este momento que todavía tienen una popularidad importante, hay una oposición débil relativamente y una buena relación con los empresarios; pero si no está dispuesto a reaccionar en breve a estos llamados significa que tomó la decisión política de no permitirle al pueblo nicaragüense retomar el camino democrático que lleve al desarrollo económico sostenible”, afirma.
Confirma fallas del sistema
En el informe sobre el Clima de Inversiones en Nicaragua se hace énfasis en la inseguridad jurídica para las inversiones al afirmar el Departamento de Estado que “los miembros del poder judicial, incluidos los de más alto nivel, son ampliamente considerados corruptos y sujetos a presiones políticas, especialmente del poder ejecutivo”.
Para Álvarez, ese documento confirma lo que otros informes de organismos internacionales y nacionales sostienen, en que “los nicaragüenses tenemos prácticamente disminuido a su mínima expresión su derecho a la justicia, porque el sistema de administración de justicia es además de politizado de manera extrema, señalado de corrupto, porque se somete a intereses económico e ineficientes”.
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El reporte anual sobre el clima de inversión lo elabora el Departamento de Estado y se usa para facilitar las evaluaciones sobre la economía del país, las leyes relacionadas con la inversión y otros factores importantes que utilizan las compañías estadounidenses interesadas en hacer negocios en el extranjero.
Puede desalentar inversión
El excontralor Agustín Jarquín teme que el informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2017, por sus aspectos negativos, provoque una reducción de las inversiones extranjeras en el país.
“Esto para el inversionista norteamericano es un efecto negativo, porque desalienta la inversión, porque es de sobra conocido que lo primero que se busca es seguridad jurídica. Los otros aspectos como servicios básicos adecuados, infraestructura, costos de la energía, mano de obra calificada y a un costo asequible es importante, pero lo fundamental es la seguridad jurídica”, dijo Jarquín.
Considera Jarquín que “se deben asumir con seriedad” las consecuencias “y no centrarse en descalificar el informe”.
Afecta a todo empresario
La parte del informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2017 que no comparte el jurista Gabriel Álvarez es la que considera que los inversionistas extranjeros están en desventaja ante las empresas nacionales. “Aquí el inversionista extranjero tiene la protección directa con los canales de las mesas de seguimiento entre los representantes empresariales y la Presidencia y se les resuelven mucho más rápido sus problemas, pero en general las empresas nacionales no cercanas al poder político se encuentran en desventajas porque sufren toda la politización del sistema”, dijo.
