El asesor económico presidencial, Bayardo Arce, acusó falsamente al Diario LA PRENSA de ser enemigo de los empresarios. Así lo aseguró el alto funcionario orteguista, el miércoles de la semana pasada, en unas declaraciones agresivas contra los periodistas en las que se refirió a las investigaciones de LA PRENSA sobre los créditos millonarios del INSS a empresarios privados, para la construcción de condominios de lujo.
Pero decir que LA PRENSA es enemiga de los empresarios es por lo menos un disparate, o el propósito de meter cizaña en las relaciones de este Diario con sus aliados naturales del gremio empresarial.
En realidad, LA PRENSA es también una empresa privada que forma parte de la Cámara de Industrias de Nicaragua, y por lo tanto del Cosep, lo mismo que de Amcham. LA PRENSA inclusive ha sido víctima de represiones de las dictaduras no solo por buscar la verdad y procurar la justicia —como es su lema y su misión—, por defender los intereses de la comunidad, denunciar los abusos de poder y fustigar la corrupción gubernamental, sino también por ser defensora de la empresa privada y promotora de la economía capitalista.
Por supuesto que sobre todo LA PRENSA es amiga de aquellos empresarios que formaron sus capitales trabajando honradamente a lo largo de muchos años, algunos hasta más de un siglo, compitiendo con lealtad y respeto a la ley, fracasando a veces en sus proyectos empresariales y volviendo a comenzar. Y somos amigos de los nuevos emprendedores que arrancan de cero, básicamente sin financiamiento o con muchas dificultades para conseguirlo, haciendo sacrificios personales y familiares para sacar adelante sus proyectos, sin padrinazgos políticos.
Comprendemos —pero rechazamos— que algunos altos funcionarios del régimen se molesten con LA PRENSA y la acusen de ser enemiga de los empresarios. Eso es porque denunciamos los abusos de poder y exigimos transparencia y apego a la ley en los actos de Gobierno, en particular cuando se hace negocios con fondos públicos para obtener lucro privado, como es el caso de las inversiones del INSS.
Para nosotros es una cuestión de principios que ningún funcionario debe tener la facultad de asignar o quitar una oportunidad de negocio a una empresa y a ningún empresario, por vías que no sean las que señala la ley que todos estamos obligados a cumplir. Los problemas de los empresarios en sus relaciones con el Gobierno deben de ser resueltos por medios institucionales, como manda la ley, no por la gracia discrecional de ningún funcionario por muy encumbrado que sea. Ninguna economía puede prosperar esperando que el éxito en los negocios tenga que depender de la cercanía al poder y la amistad con determinados funcionarios públicos.
Estamos claros de que el dinero del INSS no debe guardarse debajo de la almohada de nadie. Tiene que ser invertido para que genere beneficios en provecho de los dueños de ese capital, que son los afiliados y pensionados del Seguro Social. Pero las inversiones de los fondos públicos deben de ser transparentes, de acuerdo con lo que establece la Ley, sujetas al escrutinio público y la rendición de cuentas.
Eso es lo único que pedimos, con todo el derecho que nos reconocen la Constitución y las leyes. Pero al parecer esto es demasiado e inclusive hasta una especie de delito contra el poder absoluto de “los que verdaderamente mandan” en este país, según la opinión de Bayardo Arce.
