El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este miércoles a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, al verse implicado en la red que operó en Petrobras.
Lula da Silva fue hallado culpable de recibir 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. Ese dinero, según la Fiscalía, fue invertido en la reforma de un apartamento de tres pisos en el balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).
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El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño es Lula.
La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal, quien indicó que el exmandatario tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.
Lula da Silva, que enfrenta otras cuatro causas penales, siempre negó categóricamente los cargos y los atribuyó a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018.
Primero en la historia de Brasil
Lula da Silva, de 71 años, es el primer expresidente en la historia de Brasil que es condenado por corrupción. Esta es la primera condena que recibe, pues aún tiene otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría relacionados con el caso Petrobras.
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Además de las causas ya abiertas, Lula da Silva puede llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en confesiones hechas por exdirectivos del grupo Odebrecht, y también está salpicado por revelaciones de ejecutivos del grupo cárnico JBS.
En este último caso, por los testimonios dados por los dueños de esa empresa, la Fiscalía también presentó una denuncia formal por corrupción pasiva contra el actual mandatario, Michel Temer, quien puede ser despojado del cargo si el Congreso avala el inicio de un juicio penal.
