De 380 reos extranjeros que existían en las celdas de Nicaragua en enero de este año, solo quedan unos 100 en los diferentes sistemas penitenciarios del país, afirmó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, ya que fueron enviados a sus países de orígenes a través de tratados en materia penal.
Según Solís, la mayoría de reos provienen de países centroamericanos como Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador. “Basta con la voluntad de los privados de libertad y de la aceptación de las autoridades de su país de origen para que Nicaragua los mande a cumplir condena a sus países”, dijo el magistrado.
Esta expulsión de reos extranjeros se viene poniendo en práctica Nicaragua desde hace unos dos años, para superar el hacinamiento en las cárceles y sistemas penitenciarios del país. Además, por la seguridad y la manutención de los sistemas penitenciarios.
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Según el magistrado Solís la población penal de Nicaragua es de 17 mil privados de libertad. De estos, unos 3000 reos cumplen condenas por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga. Otros 3000 corresponden a delitos sexuales y el resto son condenas por delitos contra la vida y la propiedad.
Las declaraciones del funcionario fueron vertidas antes de iniciar un taller sobre crimen organizado donde participan los diferentes operarios de la justicia como policía, fiscalía, procuraduría entre otros.
Según el magistrado Rafael Solís, el 95 por ciento de los casos que llegan a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia referente a crimen organizado y lavado de dinero las penas son confirmadas.
Todo lo que es crimen organizado hemos sido inflexibles en un 100 por ciento se confirma”, reiteró el funcionario judicial.
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Referente al “despilfarro en la administración de bienes incautados al crimen organizado”, que es una de las principales quejas de abogados y familiares de procesados por estos delitos, el magistrado Solís dijo que hay una Comisión Administradora de esos bienes, y que es independiente al poder judicial. “Lo que se hace en la Corte es que a los terceros de buena fe que demuestren su derecho se les devuelve el bien, si son testaferros no”, dijo el magistrado.