Al grito de “¡Democracia, sí; Libertad, sí!”, el movimiento de campesinos inició la mañana de este sábado en la isla de Ometepe la marcha número 90 para exigir al Gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, que derogue la Ley 840.
Decenas de ometepinos realizan un recorrido de cuatro kilómetros entre Esquipulas y Moyogalpa, dos de los principales poblados en la isla de Ometepe. Los campesinos aseguran estar cada vez más organizados y que no cederán a pesar de la represión.
La líder de la lucha anticanal, Francisca Ramírez, asegura que el gobierno tiene un doble discurso. Se vende, afirma, como un gobierno de paz y reconciliación, pero en realidad está reprimiendo al pueblo. “Eso está haciendo Daniel Ortega en la zona de nosotros. Sabemos muy bien que es un gobierno de violencia”, afirma.
“En toda el área de la ruta canalera, si antes entraban 10 personas del ejército ahora entran 50 o 100. Esa movilización tiene en zozobra al pueblo campesino, la gente ya no sale por los caminos, no quiere viajar de noche porque tiene miedo de encontrarse con ellos. Hay gente que la detienen, que la agarran, que la acusan de nada. A todo esto está sometiendo el Gobierno al pueblo de Nicaragua el pueblo, al miedo, al terror”, asegura Nemesio Mejía, uno de los manifestantes.
Marchas locales son una previa
El Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía decidió organizar marchas locales en los municipios de la ruta canalera, mientras logran concretar una nueva manifestación nacional que no esté expuesta a la agresión de la fuerza policial, como en anteriores ocasiones.
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“Son cuatro años de lucha. La marcha número 90 es en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que pasó por encima de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos de participación ciudadana y demás leyes de Nicaragua”, dijo Medardo Mairena, coordinador del movimiento anticanal.
En marzo pasado la Sala Constitucional de la Corte rechazó el recurso de amparo introducido por un grupo de ciudadanos, entre ellos Francisca Ramírez, una de las principales líderes anticanal, en contra de la negativa de la Asamblea Nacional de tramitar una iniciativa para la derogación de la Ley 840.