Tigo y Telgua-Claro, dos telefónicas de dos grandes magnates –Carlos Slim y Mario López-, han sido nombradas en una investigación por corrupción en Guatemala, un hecho que ha desatado las especulaciones y el posible papel que estas empresas juegan dentro del circulo vicioso de la corrupción.
Las dos firmas salieron a la luz en el marco de una investigación contra una red de corrupción en la construcción de infraestructuras y obras que cobró sobornos por más de 13 millones de dólares, dirigida por el exministro de Comunicaciones de Guatemala Alejandro Sinibaldi (2012-2014), sobre quien hay dos órdenes de captura.
En medio de esta trama se descubrió cómo parte de ese dinero fue utilizado para la financiación electoral ilícita del Partido Patriota en el año 2011, cuando llegaron al poder Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti -ambos en prisión preventiva por corrupción- y también en 2015. Pero la atención se centra en el primero.
Este caso de “delincuencia económica de cuello blanco”, como lo calificó el fiscal general en funciones Luis Archila, tiene entre sus entresijos una batalla entre las compañías de los dos grandes magnates: Slim, el quinto hombre más rico del mundo, y López, el primer billonario centroamericano.
Ambos son rivales empresariales en el país: el mexicano es el dueño del capital “trasnacional” telefónico (Telgua-Claro, de América Móvil), y el guatemalteco de Tigo, el capital “nacional”. Esta lucha viene de años atrás, desde la década de los 90, antes incluso de que las envidias y las ambiciones entraran en juego.
Según el testimonio de un exdirigente de Claro, la empresa contrató los servicios del exembajador de Guatemala en Estados Unidos (2013-2015), Julio Ligorría, para que mediara en este conflicto, por el que Tigo reclamaba a la filial de Slim 400 millones de dólares desde 1998.
El litigio no se solucionaba y durante el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (2008-12) las resoluciones favorecían a Tigo por la supuesta buena relación de López con el Ejecutivo presidido por Álvaro Colom.
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En 2011, en plena campaña, Ligorría -que se presentaba como futuro canciller de Guatemala- fraguó una reunión entre Pérez Molina, Baldetti y Slim en México para atemorizar a Mario López y demostrarle que el futuro gobierno -eran favoritos- tenía una relación muy cercana con Claro, que se demostró con un aporte de 2 millones de dólares para la campaña, supuestamente sin declarar.
La estrategia funcionó. Miembros de Tigo llamaron a Ligorría y en menos de un mes ambas empresas “firmaron un contrato de transacción y finiquito del litigio por los 400 millones de dólares” y se solucionó el problema de Telgua “financiando al Partido Patriota”.
Pero eso ha salido ahora a la luz. Y las autoridades ya han puesto la mira en las telefónicas. El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ha dicho, a los que quieran oír, que investigarán a Tigo y la UNE, para ver cómo el gobierno pudo favorecer a la empresa.
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López, que fue ministro de Comunicaciones durante la presidencia de Vinicio Cerezo (1986-1991), privatizó durante su mandato la telefonía y pasó a ser accionista de Comcel -actualmente Tigo-, empresa que mantuvo el monopolio hasta que entró Telgua en 1999.
La financiación de los partidos políticos en Guatemala, un tema de debate desde tiempos inmemoriales, está dominada por los actos de corrupción y por las estructuras del crimen organizado, como el narcotráfico, según advertía la misma CICIG en 2015, cuando anunció que empezaba la lucha contra esta lacra y sus correspondientes favores