Para el exfiscal de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado del Ministerio Público, Róger Alvarado, el Gobierno de Nicaragua debe responder ante las solicitudes y señalamientos de la Fiscalía de Guatemala sobre el supuesto lavado de dinero que hizo Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), en Nicaragua, a través de sociedades anónimas creadas en este país supuestamente para transferir fondos ilícitos al sistema financiero nacional.
La solicitud fue pública hace ocho días por la Fiscalía de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) luego de presentar los primeros resultados de una extensa investigación en el caso denominado como “Construcción y corrupción. Los negocios del Ministerio de Comunicaciones”.
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Sin embargo, ni la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría General de la República se han pronunciado al respecto.
A pesar de que se tiene certeza que la UAF fue informada del riesgo por el Banco Procredit de Nicaragua, quien detectó la anomalía cuando representantes de las sociedades Inversiones Don Nico S.A. e Inversiones MJS S.A. trataron de abrir cuentas bancarias en esa entidad y realizar transacciones de dos créditos de 400,000 dólares y de 500,000 dólares, pero se negaron porque los solicitantes no demostraron el origen de los fondos.
“Es necesario que las autoridades nacionales se pronuncien sobre estos señalamientos de lavado de capitales que hace Guatemala, por transparencia y obligación, ya que Nicaragua es firmante de los tratados internacionales de cooperación mutua en materia penal con otros países centroamericanos y sobre todo porque el sistema de prevención funcionó y el Banco Procredit logró detectar la actividad ilícita e informó inmediatamente a la UAF”, dijo Alvarado.
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Desde este momento, explicó el abogado, “la UAF junto con las demás instituciones estatales como Fiscalía, PGR, Policía, Cancillería debieron activarse y realizar investigación, para informar a Guatemala y a los ciudadanos nicaragüenses, ya que es público el caso. De lo contrario estaríamos aceptando que en Nicaragua se lava dinero y damos mala señal a inversionistas y al clima de negocios”, agregó Alvarado.
“Brindar respuesta siguiendo canales”
Para Mauricio Herdocia, experto en Derecho Internacional, Nicaragua debe prestar la asistencia mutua a Guatemala siguiendo los canales legales establecidos tanto en el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá, así como en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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“No sabemos si hay respuesta por la vía diplomática, lo importante es destacar que la cooperación legal en materia penal se ha ido afianzando a favor de la justicia internacional. Es un principio la posibilidad de cooperar y asistir a la jurisdicción de otros Estados en la investigación de crímenes”, dijo Herdocia.
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Guatemala hace un señalamiento grave a Nicaragua, que en nuestro sistema financiero se lavó dinero y un banco nacional confirma que hubo gestiones y las bloquearon, pero el silencio de las instituciones preocupa y levanta sospechas”.
Róger Alvarado, abogado penalista, exfiscal de Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado de la Fiscalía.
Caso fue reportado
María Inés Bianco, vicegerente general de Banco Procredit Nicaragua, respondió a LA PRENSA mediante correo electrónico que la institución no permitió que se realizaran las dos transferencias, cerró las cuentas y reportó el caso bajo sospecha a las autoridades correspondientes. Esto se conoció después de que Guatemala destapara el caso de corrupción de Alejandro Sinibaldi, que involucra a una red de personas entre estos familiares y amigos del exdiputado entre 2008 y 2012, quienes supuestamente cobraban sobornos a diferentes empresas y luego compraban fincas, helicópteros y otros caprichos lujosos para lavar dinero.