El cambio climático es una realidad y su combate un compromiso ineludible. En varias ciudades de América Latina se está consciente del desafío. Basta subirse a un autobús ecológico en Cartagena, recorrer las nuevas ciclovías de Buenos Aires y Ciudad de México en “Ecobici” o contemplar cómo cada vez más edificios son construidos bajo una lógica de sustentabilidad en base a “códigos verdes”.
Estas ciudades —como muchas otras alrededor del mundo— van a la vanguardia en invertir en proyectos que contribuyen a reducir emisiones y luchar contra los efectos del calentamiento global. Sus alcaldes no están cruzados de brazos a la espera de que el consenso internacional responda a esta amenaza. América Latina ya es la región más urbanizada del mundo con casi el 80% de la población viviendo en ciudades. Y los municipios están enfrentando desafíos no solo relacionados con el cambio climático, sino con el crecimiento acelerado de sus ciudades, como son las dificultades de transporte urbano, la infraestructura insuficiente y la seguridad de sus ciudadanos.
A nivel mundial, las ciudades —que crecen a razón de 65 millones de personas por año— consumen dos tercios de la energía global y generan el 70% de las emisiones mundiales de carbono. Los habitantes de zonas urbanas requerirán millones de empleos, viviendas más accesibles, transporte para trasladarse al trabajo, agua potable y saneamiento para preservar la salud de las familias y un suministro eléctrico confiable, lo que supone un costo que asciende a miles de millones de dólares. Se estima además que el porcentaje de ciudadanos pobres que viven en ciudades y que se ven desproporcionadamente afectados por los desafíos de la urbanización, crezca. Y son los alcaldes o dirigentes municipales quienes al estar más cerca de los ciudadanos reciben mayores presiones para mejorar los servicios públicos.
Es por ello que las ciudades son hoy el lugar más apropiado para generar nuevas ideas y programas con impacto. Varios de los alcaldes más innovadores del mundo han comenzado a adoptar medidas importantes para que las ciudades sean más sostenibles e incluyentes.
En primer lugar, han comenzado a ofrecer incentivos para la inversión privada y a buscar formas de aprovechar los recursos públicos para atraer empresas privadas en áreas que se consideraban muy riesgosas o no suficientemente rentables. Las autoridades nacionales deben mostrarse más dispuestas a permitir que los gobiernos locales obtengan préstamos y ejerzan un grado significativo de control sobre sus ingresos y gastos, y respaldar así la descentralización fiscal, una necesidad para permitir la inversión privada. Ello implica también un manejo transparente de las finanzas públicas municipales, con una rendición de cuentas efectiva.
En segundo lugar, las ciudades han comenzado a analizar con rigor sus finanzas para mejorar su capacidad crediticia. Con una gestión financiera más sólida, transparente y mejores calificaciones crediticias, las ciudades tendrán más acceso a la inversión y más capacidad de aprovechar los mercados de capital locales e internacionales. En la actualidad, solo el 5% de las 500 ciudades más grandes de los países en desarrollo se consideran solventes en los mercados internacionales.
Recientemente, algunas ciudades han realizado importantes inversiones para luchar contra el cambio climático. El sistema de autobuses rápidos de Cartagena, en el que se utilizan vehículos de gas, carriles exclusivos, rutas simplificadas, estaciones elevadas y mecanismos de pago con tarjetas inteligentes, ha permitido a los usuarios ahorrar más de la mitad en sus pasajes. Además, el sistema reduce casi en un 70% las emisiones de dióxido de carbono.
En Buenos Aires también se está construyendo una red similar de transporte rápido, y recientemente se introdujeron nuevos carriles y estaciones de bicicletas, llamadas Ecobici, como parte de un plan de la capital argentina para aliviar la congestión y la contaminación. Además, el municipio está evaluando un plan de eficiencia energética para edificios públicos, y nuevos estándares de eficiencia energética y uso de agua para nuevas construcciones verdes. La Ciudad de México, con sus más de 20 millones de habitantes, ya ha implementado también un proyecto de Ecobici.
Ya por lo menos ocho ciudades en América Latina incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ciudad de Panamá, San José, La Paz —y pronto Tegucigalpa— han adoptado regulaciones de construcción verde para promover el ahorro de energía y agua, y el uso de materiales más sostenibles en las nuevas edificaciones. Estos códigos crean un nuevo mercado para las tecnologías limpias y, a medida que continúen creciendo las ciudades, se estima que podrán reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en la construcción.
Esto es solo el comienzo. Un informe del Banco Mundial examinó 750 ciudades de todo el mundo y encontró que el 75 % ha crecido más rápido que sus respectivas economías nacionales durante las últimas dos décadas. También reveló que las ciudades podrían generar varios millones de empleos cada año si lograran ser más competitivos y respaldaran el desarrollo del sector privado. Para alcanzar estos objetivos, lideres municipales deben emprender reformas que fomenten la innovación, aborden el tema de los derechos sobre la tierra y mejoren el acceso a la infraestructura, ya que ello contribuye a atraer inversión privada. En estos momentos, en que los presupuestos públicos en la región están constreñidos, atraer inversión privada es fundamental.
No será tarea fácil. Pero con la voluntad política vendrán también los capitales. Si sus ciudades logran atraer más inversión privada, y esa inversión respalda un entorno sostenible y vivible, las zonas urbanas de América Latina y el mundo pueden convertirse en motores de un crecimiento incluyente que abra nuevos mercados, genere más empleo y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
La autora es directora para América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Institución del Grupo Banco Mundial para el sector privado. En los últimos diez años, IFC ha invertido más de USD 10,000 millones en 300 proyectos de mejoramiento urbano y ha brindado servicios de asesoría a ciudades de más de 60 países.