La jefa de la diplomacia estadounidense en Nicaragua, la embajadora, Laura Dogu, dejó entrever que los nicaragüenses en Estados Unidos que han sido beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), deben regresar al país, tal a como lo advirtió recientemente John Kelly, Secretario de la Seguridad Nacional de la administración Trump.
Kelly expresó a inicios de junio que los centroamericanos beneficiados con el TPS, deben ir pensando en cómo regresar a sus respectivos países. Entre los beneficiarios por ese programa hay más de cinco mil nicaragüenses.
“El secretario Kelly ha dicho que todos los que tienen TPS en los Estados Unidos, no solamente los nicaragüenses debieran planear como pueden regresar a su país”, expresó la embajadora Dogu.
La diplomática expresó que de ser regresados los nicaragüenses de su país éstos se verían afectados, sin embargo, minimizó el impacto para el país, porque según la la embajadora el “grupo de Nicaragua en los Estados Unidos no es muy grande”, en relación al resto de los países de la región.
Reunión con Cosep
Por otro lado, la diplomática, dijo que este lunes sostuvieron un encuentro con miembros del Cosep para abordar el tema de la inversión norteamaricana en el país, en el que abordaron el clima de la seguridad jurídica, especialmente en el tema de la propiedad.
“Estábamos discutiendo todos los éxitos que se han tenido en los últimos años, pero también nuestro informe sobre el clima de inversión aquí en Nicaragua (…) En Nicaragua la economía obviamente está creciendo (…) pero también (abordaron) la parte de la seguridad jurídica, especialmente enfocado en asuntos de propiedad. Es importante enfocar en esto, porque lo que se quiere es mejorar el clima de inversión aquí en Nicaragua”, reflexionó Dogu, luego de participar en la presentación del informe bianual de responsabilidad social de Cargill.
Informe del Departamento de Estado
En el informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2017 del Departamento de Estado, se reconocen potenciales en diferentes áreas para hacer negocios y se resaltan condiciones favorables, como el proceso de diálogo entre el sector privado, los sindicatos y el Gobierno para definir temas importantes para las empresas, como el salario mínimo.
Sin embargo, el Departamento de Estado identifica en su informe que “la corrupción sigue siendo un reto importante para las empresas estadounidenses que operan” localmente.
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Dicho informe hace énfasis en la inseguridad jurídica para las inversiones al afirmar el Departamento de Estado que “los miembros del poder judicial, incluidos los de más alto nivel, son ampliamente considerados corruptos y sujetos a presiones políticas, especialmente del poder ejecutivo”.
