El caso judicial del ciudadano Jorge Ricardo García, sentenciado a 15 años de prisión por haber matado a un individuo que portando un arma de fuego y acompañado por otra persona se introdujo en su vivienda con la intención de robar, ha sido ampliamente ventilado en los medios de comunicación y las redes sociales, que con su presión han obligado a la Fiscalía a pedir la nulidad del veredicto.
Pero fue la misma Fiscalía la que acusó a García y pidió la pena máxima para él, considerando que no cabía en su caso alegar legítima defensa ya que se excedió en el medio y la forma utilizados para matar al intruso. Al contrario, la defensa de García sostiene que este actuó en legítima defensa de su vida y su propiedad y, por lo tanto, de acuerdo con la legislación penal del país no cometió delito.
Realmente, el Código Penal de Nicaragua, en su artículo 34 inciso 4 exime de responsabilidad penal a quien actúe en legítima defensa de su persona o de derechos propios o ajenos. Sin embargo en el mismo artículo el Código Penal condiciona la legítima defensa a varios requisitos, entre otros la “necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión”. Y fue precisamente en la supuesta falta de este requisito que se basó la parte acusadora para pedir que García fuera declarado culpable y condenado a la máxima pena.
En la polémica desatada alrededor de este caso, algunos penalistas —y la generalidad de quienes se han pronunciado en las redes sociales— sostienen que Jorge García ni siquiera debió ser juzgado y mucho menos condenado por haber matado al ladrón que se introdujo a su vivienda. Pero otros juristas consideran que por lo menos es dudoso que el caso se ajuste a los requisitos establecidos por la ley penal para que sea reconocida la figura de legítima defensa.
El doctor Alberto Novoa, quien fuera procurador general de Justicia en el período de gobierno de don Enrique Bolaños Gayer, opinó en un programa de televisión que en el caso de García no existen suficientes elementos para argumentar legítima defensa. Y añadió que está pesando mucho la opinión pública porque el sistema judicial “es muy débil”, “se ha ido denigrando y desnaturalizando porque se ha perdido la confianza”. Según Novoa, “las redes sociales toman la prueba, la racionalizan y dictan veredicto, porque el sistema judicial es muy débil”.
Ahora bien, se conoce que el error judicial es una constante en todas partes del mundo, inclusive en países que cuentan con los más avanzados sistemas de justicia y jueces de la mayor competencia profesional, independencia e integridad moral. Se cometen tantos errores judiciales en todas partes que ha sido necesario establecer en los tratados de derechos humanos la obligación de los Estados, de indemnizar a las víctimas de los fallos desacertados de jueces y tribunales.
Pero en Nicaragua el problema es más grave, porque a los errores judiciales se suma la desconfianza del público en la justicia, como dice el doctor Novoa, pues la dictadura la ha despojado de su independencia y por lo tanto de su integridad, autoridad y credibilidad ante la sociedad.
