En junio de 2016, el mundo se conmociona ante las noticias políticas provenientes de Managua: la exclusión de la oposición de la contienda electoral que se celebraría en noviembre y la defenestración de 28 diputados de la misma oposición política.
La oposición política nicaragüense reaccionó realizando una campaña de denuncia nacional e internacional, la cual fue elevada ante la Secretaría General de la OEA, considerando que fueron graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, por lo que en agosto el secretario general Luis Almagro anuncia la preparación de un Informe sobre las elecciones de Nicaragua.
Posteriormente es aprobada de forma unánime en el Congreso estadounidense la iniciativa de Ley Nica Act, a mediados de septiembre de 2016. Asimismo, el 19 de octubre de ese año, la Secretaría General de la OEA anuncia que ha enviado un informe al régimen de Managua, sobre las elecciones. Para neutralizar su publicación, el régimen responde con la instalación de una Mesa de Diálogo e Intercambio Productivo.
La estrategia del régimen orteguista, ante esa iniciativa de ley, es firmar unos acuerdos con la OEA para encaminar al país hacia la democratización, por un lado, y contratar por 420 mil dólares mensuales una firma norteamericana de cabildeo, por otro lado. Pero, la lógica de los acontecimientos, indica que sin la aprobación de dicha ley el régimen no se habría visto presionado para llegar a acuerdos con la OEA.
Además se diseña una campaña basada en los argumentos de los daños que causará a la economía para persuadir a los legisladores estadounidenses, quienes no dejan de percibir que el objetivo del régimen al haber firmado los acuerdos con la OEA, es neutralizar la Nica Act.
Quienes esperaban una actitud reflexiva del orteguismo se equivocaron, pues este responde usando el trillado argumento del injerencismo. Sin embargo, antes de junio de 2016, las relaciones del FSLN con Estados Unidos eran idílicas: el régimen complacía la política exterior norteamericana: combate al narcotráfico, detener la inmigración ilegal y combate del terrorismo. Mientras tanto, la Administración Obama se satisfacía con la estabilidad del país, sin importarle la falta de democracia, ni la presencia militar rusa.
La insensatez prevalece en los círculos oficiales para quienes eliminar las condiciones políticas que sustentan la Nica Act no es recomendable, sino que plantean condicionar el cumplimiento de los acuerdos con la OEA, a cambio de la desaprobación de la ley Nica Act.
Sin embargo, a pesar del envío de comitivas para solicitar su rechazo, los legisladores norteamericanos parecen estar convencidos que sin la presión de la ley Nica Act no existirán garantías para que el régimen se sienta forzado a cumplir con los acuerdos de la OEA.
Todo esto recuerda la coyuntura histórica cuando después de firmados los Acuerdos de Paz de Esquipulas II, el FSLN forcejeó en condicionar su cumplimiento, exigiendo primero el desarme de la “contra”, y posteriormente cumpliría con las cláusulas referentes a la libertad de prensa, la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones.
Al desarrollo que muestran los indicadores económicos, se debe complementar el desarrollo político. Nicaragua no puede continuar con un modo de producción que no garantiza el Estado de Derecho, separación de poderes, alternabilidad en el poder, etc.
El autor es activista de Ciudadanos por la Libertad.