El empresario Roberto Argüello, quien cabildea en Washington para suavizar la Nica Act, dijo a LA PRENSA que la iniciativa que se discute este jueves en el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso será aprobada porque no tiene oposición entre los legisladores estadounidenses.
También porque “en el Congreso se ve a Nicaragua como una extensión del régimen venezolano. Además la Nica Act la están moviendo en medio de tres otras leyes que son muy populares”, dijo Argüello, empresario radicado en Estados Unidos.
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Argüello alega que quien le expresó que la ley sería aprobada es el cabildeador Arturo Estopiñán, exjefe de gabinete por 28 años de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, promotora de la iniciativa, y conocedor de los tejes y manejes de la política en Washington.
“Ley catastrófica”
Estopiñán fue contratado por Argüello para tratar de convencer a congresistas y senadores de que la ley sería catastrófica para la economía del país. Ambos estarán este jueves exponiendo sus consideraciones sobre la iniciativa ante la cámara de comercio taiwanesa en Managua.
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Ros-Lehtinen presentará este jueves una enmienda a la iniciativa, pero mantiene el objetivo de legislar para que Estados Unidos a través de sus representantes en los organismos multilaterales vote en contra de todo préstamo que realice el gobierno del designado presidente Daniel Ortega, a menos que haya elecciones libres, transparentes y creíbles, restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición.
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Tampoco varía el mandato al Departamento de Estado de presentar el listado de los funcionarios del régimen de Ortega involucrados en violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción, lista que deberá incluir a miembros del Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, y la Asamblea Nacional. La lista deberá ser presentada en un periodo de noventa días, después de aprobada la legislación.
Presión a través de OEA
La iniciativa legislativa mantiene que el presidente Donald Trump deberá orientar al representante permanente de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para que haga uso de la voz, el voto y la influencia de Estados Unidos en ese organismo, con el fin de enviar una misión de observación electoral a Nicaragua para los comicios municipales del 2017. El objetivo es observar y constatar si las elecciones son creíbles.
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A la nueva moción se le agrega las declaraciones del exembajador de Estados Unidos, Robert Callahan, ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre de 2011, donde afirmó que la candidatura de Daniel Ortega “era ilegal, ilegítima e inconstitucional; el fraude electoral en esos comicios por parte de Ortega, y que tanto el mandatario inconstitucional como el partido sandinista han socavado sistemáticamente las instituciones del país y la frágil democracia”.
Empresario Roberto Argüello
Roberto Argüello, el empresario que quiere suavizar la Nica Act, estima “que la Banca Internacional podría reducir sus préstamos de corto, mediano y largo plazo al sector privado por más de US$400,000 millones de dólares al año”.
También estima que el Gobierno dejaría de percibir más de 300 millones de dólares al año de organismos financieros internacionales.
