En un período de seis años financiar el programa de Cedulación, a cargo del Consejo Supremo Electoral (CSE), se incrementó 216.21 por ciento, reflejan datos presupuestarios, pero en esos documentos oficiales no hay explicación que justifique ese comportamiento.
El presupuesto para elaborar cédulas nuevas y reponer o renovar las dañadas a los ciudadanos en 2011 costó al Estado 62.11 millones de córdobas.
Con esos fondos se realizaron 766,975 cédulas de identidad, la mayoría fueron nuevas, de acuerdo con la ejecución reportada en 2011 por el poder electoral.
A pesar de que los magistrados del CSE han recibido mayores recursos del Ministerio de Hacienda, en la práctica ahora elaboran menos cédulas de identidad.
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Para 2016 el desembolso para elaborar los documentos de identidad ascendió a 196.40 millones de córdobas, muestra el informe de liquidación del Presupuesto; sin embargo, ese año se elaboraron menos cédulas que en 2011.
Fueron 451,814 entre cédulas nuevas, repuestas y renovadas elaboradas en 2016, es decir, hubo una reducción de 41 por ciento respecto de hace seis años. Tampoco hay explicación en los documentos oficiales sobre esta disminución.
No practican la transparencia
Los magistrados electorales no transparentan el uso exacto que le dan a los recursos que le transfiere el Ministerio de Hacienda que provienen de los impuestos de los ciudadanos. En los últimos seis años las únicas veces que reportaron algunos detalles del cumplimiento del programa de cedulación fue en 2011, 2015 y 2016.
Tampoco reportan la recaudación —y el uso que le dan— por el cobro de los 300 córdobas por la renovación y reposición de las cédulas, que según estimaciones del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) con base en metas proyectadas por el CSE, fue 562.53 millones de córdobas en seis años.
Elevado costo sin justificarse
Carlos Langrand, exdiputado y opositor, considera que no hay justificación para que el programa de Cedulación en el CSE se haya encarecido los últimos años, sobre todo cuando los mismos magistrados han dicho que existe un alto nivel de cedulación en el país.
Langrand cuestiona que el manejo discrecional de la cedulación es parte del incumplimiento de la Ley de Identificación Ciudadana y de los controles presupuestarios que el Ejecutivo le permite al CSE.
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“La cantidad que se estima en la recaudación por esa cedulación es superior a los costos de los servicios, que aparentemente están sobrecargados con alguna intención, aparentemente, que no es para contribuir a las finanzas del Consejo, porque año con año Hacienda le aumenta las partidas para que opere”, dijo Langrand.
El político planteó que mientras Hacienda no le exija al CSE cumplir con la Ley “seguirá el manejo discrecional” con los fondos estatales.
Quitaría presión
Leonardo Labarca, investigador de presupuestos públicos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), estima que “si se incorporaran al PGR la recaudación por el cobro de la renovación y reposición de las cédulas de identidad, se podría financiar parte del programa de cedulación”, lo que a su vez le permitiría a Hacienda priorizar los impuestos en responder a necesidades del sector Educación o de atención social.