Mientras el Poder Judicial de Nicaragua pretende limpiar la imagen del país en cuanto a la inseguridad jurídica de la tierra, (misma que ha sido criticada por inversionistas extranjeros y organismos financieros internacionales), los campesinos de la zona canalera siguen sin poder hacer trámites legales con sus tierras.
La denuncia la mantiene Medardo Mairena, presidente del Movimiento campesino anticanal.
“Aquí seguimos igual. Los traspaso de propiedades no las podemos inscribir en los registros públicos de la propiedad y a los abogados les han dicho que no se comprometan con esos casos, porque están prohibidos”, sostuvo Mairena.
Esta semana la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos dijo que “si hay casos concretos que vienen a empañar esa institucionalidad y esa seguridad jurídica, que por favor se señale con nombre y apellido para poderlos sancionar, para poderlos corregir, para poder eliminar ese señalamiento general y convertirlo en un señalamiento concreto”.
La magistrada Ramos, durante el acto del X Aniversario del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales el pasado viernes 04 de agosto, se refería a la denuncia de la embajada de Estados Unidos en Managua sobre las quejas de presuntos inversionistas que se quejaron de irregularidades del Poder Judicial en materia de propiedades.
No sabe nada de zona canalera
Sin embargo, cuando se le preguntó por la problemática con las propiedades de la zona canalera (Punta Gorda, El Tule, Isla de Ometepe) Ramos manifestó no saber nada.
Además negó que hubiera alguna orientación de no inscribir transacciones de tierras en Registros Públicos de la zona (Registros de Bluefield y Rivas). “De eso no he sabido yo, nadie me ha llegado a presentar ninguna queja sobre eso”, dijo Ramos.
Tierras en inventario
Extraoficialmente se conoció que la Procuraduría General de la República ( PGR) y el Instituto de Estudios Territoriales (Ineter) están haciendo un inventario de las tierras por donde pasará la construcción del Canal Interoceánico por eso están paralizadas las transacciones en esas zonas, para saber qué propiedades y cuantas manzanas de tierras serán las afectadas y cuál es la situación legal de estas.
LA PRENSA ha pedido de forma reiterada información al respecto a la PGR, pero hasta ahora no contestan los correos de solicitud de información.
A julio del 2017 el movimiento anticanal ha realizado 90 marchas en demanda a la derogación de la Ley 840 o ley canalera, aprobada en el 2013.