La prestigiosa organización mundial defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), presentó el jueves de la semana pasada en Managua un informe sobre el proyectado Canal Interoceánico en Nicaragua titulado Peligro: Derechos en venta.
Erika Guevara, directora para América de AI —acompañada por la celebridad nicaragüense y activista proderechos humanos en el mundo, Bianca Jagger—, presentó el informe de 52 páginas que refuerza la amplia denuncia internacional de las consecuencias nefastas que provocaría el canal interoceánico.
Pero el título del informe debería ser más bien “derechos vendidos”, porque la verdad es que el régimen de Daniel Ortega ya los vendió a la empresa HKND Group del magnate de China comunista, Wang Jing.
Por medio del Acuerdo Marco sobre el Canal y la Ley 840, que AI demanda sea derogada como lo reclaman fuertemente los campesinos de la zona canalera, el régimen orteguista ha vendido gran parte del territorio de Nicaragua, el Lago Cocibolca que contiene la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica y amenaza con expropiar confiscatoriamente las tierras de los campesinos que viven a lo largo de la proyectada ruta canalera.
Ortega también ha vendido a Wang Jing los derechos para ejecutar diversos proyectos paralelos al pretendido Canal, que incluyen puertos de aguas profundas, aeropuertos, zonas de libre comercio, líneas de ferrocarril de costa a costa, complejos hoteleros y centros turísticos, etc. Y sobre todo Ortega ha vendido el más valioso patrimonio territorial, jurídico y moral de todos los nicaragüenses, que es la soberanía nacional; en cuya defensa se alzó en armas Augusto C. Sandino, pero los orteguistas que se hacen llamar sandinistas, la han vendido ahora de manera más oprobiosa que como lo hicieron los vendepatria que en 1914 pactaron con Estados Unidos el Tratado Chamorro-Bryan, con el mismo y también supuesto objetivo de construir el canal interoceánico en Nicaragua.
La directora para las Américas de AI reconoció, al presentar el informe la semana pasada, que “las autoridades de Nicaragua han vendido en secreto el futuro del país al mejor postor y han puesto a miles de personas en riesgo de perderlo todo”. Y agregó Erika Guevara que “la única manera de deshacer este espantoso error es revocar la ley que sustenta el proyecto antes de que cause más daño y de forma permanente, y volver a comenzar, asegurando que todas las personas que podrían verse afectadas tengan voz para decidir sobre su futuro. Cualquier otra opción seguirá dejando al margen a comunidades enteras e ignorando sus derechos humanos”.
Amnistía Internacional propone al Gobierno de Nicaragua “adoptar una moratoria en la implementación de cualquier aspecto de la obra” canalera, hasta que “se establezcan salvaguardas legales y procesales que cumplan con los estándares de derechos humanos, entre ellos la consulta efectiva de quienes se verán afectados, y evitar que se ejecuten desalojos forzosos”.
Si Daniel Ortega fuese un gobernante normal y una persona sensata, atendería esta sana sugerencia de AI. Pero evidentemente no es ni lo uno ni lo otro.