“Prohibir el aborto no evitó riesgos”, se titula el artículo aparecido en la página Ámbitos de este Diario el día 5 de agosto del año en curso. El artículo se refiere a una investigación que supuestamente encuentra que la prohibición del aborto supone riesgo para la salud y la vida de mujeres y niñas en Nicaragua. Dice que la misma ley ha provocado que las mujeres recurran al aborto clandestino y luego motivadas por el temor evitan buscar ayuda médica cuando sufren complicaciones. Invito al lector a regresar al pasado y ver si hay fundamento para lo que dice dicha investigación.
Como muchos recordarán, respondiendo al clamor del pueblo los diputados eliminaron la figura del aborto “terapéutico” del Código Penal en octubre 2006. En su exposición de motivos se señaló que en Nicaragua (sic): “no se continúe realizando actos delictivos encubiertos bajo la figura del aborto terapéutico, por medio del cual se ejecutan diariamente en el vientre materno a niños inocentes en abierta violación a la Constitución Política que protege de forma integral al niño por nacer”…
En noviembre del mismo año el nuevo gobierno se comprometió a defender la vida. Las enérgicas protestas de las potencias internacionales pro-aborto inmediatamente comenzaron la amenaza de quitar la ayuda económica. Muchos países donantes cerraron sus embajadas y agencias de cooperación externa en Nicaragua considerando que lo hecho era un retroceso a los “derechos de la mujer”. Entre ellas Finlandia, Dinamarca, Suecia y Holanda. De estos se supo en círculos diplomáticos que además de la prohibición total del aborto les motivó también la falta de institucionalidad. Varios ONG introdujeron recursos de amparo a la eliminación del Art. 165 ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó?
Diez años después resultó que contrario a lo profetizado por los activistas pro-aborto que “miles de mujeres morirían por la penalización del aborto” las cifras de mortalidad materna disminuyeron dramáticamente. El 30 de mayo 2017 se conocieron cifras del Minsa de muertes maternas. En 2006 habían fallecido 93 mujeres por cada 100 mil niños nacidos, esa cifra se redujo a 59 fallecidas en 2011 y en 2016 a 38 mujeres por 100 mil nacimientos. Nicaragua alcanzó con éxito los Objetivos de Desarrollo del Milenio gracias a un modelo de salud integral para las mujeres embarazadas puesto en marcha por el Gobierno y en 2011 Nicaragua fue galardonada con el Premio América de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la reducción de las muertes maternas.
Pero los números no cuentan para el pro-abortista. Se ha introducido ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley titulada “Ley Especial de Interrupción del Embarazo por Causas de Salud” promovido por el “Comité Promotor”. Este comité está respaldado por IPAS (siglas del inglés International Project Assistance Services) que fabrica y comercializa aparatos manuales de succión para abortos. Ellos utilizan el slogan: “Las queremos vivas”. La iniciativa fue rechazada por los diputados pero el comité y otros grupos han manifestado que seguirán insistiendo hasta lograr su aprobación. (Referencias: LA PRENSA 26/04/2017; confidencial.com.ni/diez–anos-de-penalizacion-del-aborto).
Pero ya sabemos. Nicaragua conoce que las campañas a favor del aborto financiadas por países y organismos poderosos son permanentes y sostenidas. Su finalidad es acabar con los pobres que los titiriteros del Nuevo Orden Mundial consideran un factor desestabilizador. Estos mueven a las naciones poderosas a establecer políticas que en lugar de eliminar la pobreza por la educación y la salud, eliminen a los pobres. No caigamos en esa trampa. No regresemos al pasado.
La autora es maestra.