Los diarios y registros de 1991 demuestran que nunca estuvo en discusión la facultad que tenía el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro de renunciar a la indemnización ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Holanda), por la sentencia del 27 de junio de 1986.
Ese fallo condenó a Estados Unidos por financiar las actividades militares y paramilitares de la Contrarrevolución en la guerra civil de los años ochenta.
En la actualidad, el gobierno del presidente Daniel Ortega revivió el reclamo de una indemnización, que estima en 17 mil millones de dólares a Estados Unidos, argumentando que “Nicaragua nunca ha desistido de su demanda por los daños causados durante la guerra”.
Orteguismo dice que solo se podía desistir por Ley
El orteguismo aprobó, el pasado 28 de julio la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional (Ley 957), con el objetivo de revivir el cobro a Estados Unidos. La Ley 957 expone que “en Nicaragua un acto de disposición que implica la renuncia a la indemnización de 17 mil millones de dólares no podía hacerse verbalmente ni por nota de cancillería, sino por medio de una Ley de la República (Ley que no existe) que revistiera de legalidad a un acto de disposición de esa magnitud”.
Gobierno de chamorro Barrios estaba facultado
En contraste, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Luis Velásquez Pereira, aseguró que el gobierno de Barrios de Chamorro tenía toda la facultad de desistir del proceso de indemnización, porque si no hubiese sido así, el gobierno sandinista saliente no hubiese aprobado el 5 de abril de 1990 la Ley 92, para evitar precisamente que el gobierno entrante de Barrios de
Chamorro desistiera ante la CIJ, como finalmente lo hizo el 19 junio de 1991, después de derogar la Ley 92.
Además, Velásquez explicó que el gobierno de Barrios de Chamorro actuó bajo el marco legal de la Constitución Política de 1987, aprobada por los sandinistas, que “le daba todos los poderes habidos y por haber al Ejecutivo” y por lo cual fueron necesarias las reformas de 1995, para limitar el poder del presidente de la República.
Se desistió a través de misiva
El gobierno de Barrios de Chamorro desistió del proceso de indemnización a través de una carta del Agente de Nicaragua ante CIJ, doctor Carlos Argüello, lo que el gobierno de Ortega desestima.
Velásquez dijo que la CIJ quedaría en entredicho si acepta el reclamo de Nicaragua, a través de la recién aprobada Ley 957, porque si la CIJ aceptó en 1991 el desistimiento, es porque todo se hizo de la manera correcta.
“Con este argumento (del gobierno de Ortega) lo que está haciendo es atacar la decisión de la Corte de haber aceptado el desistimiento. ¿Lo va a aceptar la Corte? ¿Va a decir la Corte que se equivocó, de que no había documentación suficiente, aceptando el argumento de Francisco Rosales? No lo va a hacer”, manifestó Velásquez, en alusión al magistrado orteguista del poder judicial que defiende el reclamo del cobro.
La Ley 92, Ley de protección de los derechos de Nicaragua en el marco de la CIJ, aprobada por los sandinistas en 1990, intentaba evitar que el gobierno entrante de Violeta Barrios de Chamorro llegara a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, después de la sentencia de la CIJ.
Debate en la Asamblea Nacional de 1991
En junio de 1991, durante el debate en la Asamblea Nacional sobre la iniciativa de Ley 130 (Ley de derogación de la Ley 92), nunca se discutió la facultad del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro para tomar una decisión ante la CIJ, sino el hecho de que se derogara la Ley 92, para hacer posteriormente el desistimiento del proceso de indemnización ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Antes de la votación de la Ley 130 en el pleno del Parlamento, la iniciativa de Ley de derogación de la Ley 92 también se discutió en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea, de donde salieron un dictamen de Mayoría, que respaldaba la derogación, y un dictamen de minoría de los diputados del FSLN, que rechazaban la derogación, según consta en el Diario Debate de 1991 de la Asamblea Nacional.
Los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se retiraron del plenario antes de la votación. La Ley se aprobó con 49 votos a favor de los diputados de la bancada de la Unión Nacional Opositora (UNO), uno en contra, ninguna abstención.
Derogada La Ley 92, el Gobierno de Nicaragua, dirigido por Violeta Barrios de Chamorro, estaba totalmente facultado para desistir ante la CIJ, como lo hizo el 12 de septiembre de 1991.