El 28 de julio pasado Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional, aprobar la Ley 957 para solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el restablecimiento de la demanda contra Estados Unidos (EE. UU.), para que le pague a Nicaragua una cuantiosa indemnización por daños causados con su apoyo a la contrarrevolución, durante la guerra civil de los años 80.
Como se sabe, en 1984 el gobierno del FSLN presentó en la CIJ una demanda contra EE. UU., el que no reconoció la jurisdicción de dicha Corte. Sin embargo esta condenó a EE.UU. a pagar una indemnización cuyo monto ella misma no fijó, pero el gobierno de Daniel Ortega determinó que debía de ser de 17 mil millones de dólares.
Después de perder las elecciones del 25 de febrero de 1990 y antes de entregar la presidencia de la República a doña Violeta Barrios de Chamorro, y la Asamblea Nacional a la nueva mayoría de la UNO, los sandinistas dictaron la Ley 92 con la pretensión de obligar al nuevo gobierno democrático a mantener aquella demanda contra EE. UU., a pesar de que este declaró que jamás pagaría la pretendida indemnización. Pero además, el nuevo gobierno democrático de Nicaragua renovó la amistad con EE.UU. y el gobierno estadounidense asumió el compromiso de ayudar económicamente a la reconstrucción de nuestro país que había sido devastado por la guerra civil.
En abril de 1990 Nicaragua y EE. UU. iniciaron una nueva relación de amistad y cooperación mutua, pero los sandinistas encabezados por Daniel Ortega pretendían que el gobierno democrático nicaragüense mantuviera la enemistad y el enfrentamiento que ellos habían provocado y atizado. En esas circunstancias, la mayoría de diputados democráticos pertenecientes a la UNO aprobó en la Asamblea Nacional la Ley 130, que derogó la Ley 92 y de esa manera el Estado de Nicaragua pudo desistir de la demanda que los sandinistas habían interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia, la cual fue archivada y las relaciones con EE. UU. vinieron desde entonces a ser armoniosas y de mucho provecho para el pueblo nicaragüense.
Cuando se derogó la Ley 92 para que el Estado de Nicaragua pudiera desistir de la demanda contra EE. UU., yo era el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y en mi intervención en aquella histórica sesión legislativa, dije lo siguiente:
“Debates como el que estamos protagonizando esta tarde en la Asamblea Nacional, constituyen el mejor ejemplo y el camino más viable y más indicado para el proceso de transformación de Nicaragua y para la creación de la nueva democracia nicaragüense.
“Hace 5 años, 4 años, 3 años o 2 años podía parecer increíble que en Nicaragua pudiésemos discutir en este nivel sobre temas tan importantes que tienen profundas connotaciones políticas, ideológicas y de interés nacional; que pudiésemos tener esta discusión ahora, cuando hace apenas unos años nicaragüenses de un bando mataban a nicaragüenses de otro bando; y cuando expresar alguna opinión disidente del pensamiento y de la ideología oficial equivalía, si no a la cárcel o al exilio, por lo menos a la acusación infamante de cualquier epíteto.
“Si ahora se puede discutir y decidir sobre la base de la lucha de las ideas y de las opiniones y tomar una decisión que represente el pensamiento mayoritario, no solamente de la Asamblea Nacional sino de un país que se volcó a las mesas electorales, eso significa que estamos haciendo la democracia. Y vamos por buen camino, independientemente de todas las dificultades y los obstáculos que vamos encontrando, que también vamos venciendo y resolviendo.
“La Asamblea Nacional, con la nueva mayoría que decidió el pueblo nicaragüense, está obligada a derogar la Ley 92, ante todo por deber de amistad y reconciliación con los EE. UU. y además porque no hay manera de obligarlos a pagar ese dinero (si es que alguien quiere hacerse la ilusión de que podría disfrutarlo). Pero también porque esa Ley 92 y todas las 24 leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional entre el 26 de febrero y el 24 de abril de 1990, tienen que ser derogadas, o al menos tienen que ser revisadas, modificadas o reformadas, porque fueron leyes impuestas; fueron leyes que se dictaron apresuradamente con espíritu malicioso; porque fueron como sembrar de minas el camino que iban a recorrer el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Nacional. Fueron leyes que impusieron un control arbitrario sobre el funcionamiento del pluralismo político partidario, con la reforma de la Ley Electoral. Que impusieron inmunidades absurdas (como la del jefe del Ejército) que afortunadamente ya reformamos. Que en el caso de la Ley 92 tenía un claro propósito de perturbar el proceso de restablecimiento de una relación amistosa entre Nicaragua y los EE. UU. Se quería dejar marcada por ley una tendencia ideológica para un gobierno cuya ideología necesariamente tenía que ser todo lo contrario.
“No hay razón para mantener esa ley, porque el debate en este caso no es quién representa los valores esenciales de la nación. Este es un debate muy viejo en este país que ha sido llevado a las peores situaciones de dictadura, de tiranía, de persecución, de confiscaciones de propiedades y de privación de libertades que ha conocido la historia nacional, porque los somocistas en su tiempo pretendieron ser ellos los representantes exclusivos de los valores superiores de la nación, y después hubo otros partidos o partidistas (los sandinistas) que pretendieron representar lo mismo, y el resultado ha sido las enormes desgracias que ha sufrido este país.
“Ahora, cuando afortunadamente y después de una prolongada y dolorosa guerra civil, no hubo vencedores ni vencidos; cuando por la vía del consenso, de la concertación, del diálogo y si se quiere inclusive de la componenda, se está buscando cómo reconstruir a Nicaragua, y reconstruir sus relaciones nacionales pero también sus relaciones internacionales, además de antijurídico, además de injusto, además de antiético es inaceptable pretender que siga vigente una ley como esa.
“El nuevo gobierno de reconciliación nacional ha hecho seguramente muchas cosas malas, por defectos o por omisión, pero también ha hecho y está haciendo muchas cosas buenas.
“En materia de las relaciones internacionales, es un gobierno que ha respetado la amplitud y la diversidad; no ha discriminado a nadie, a ningún país, Estado o gobierno, por razones ideológicas. Sea soviético, iraní, libio, palestino, cubano, se le tiende la mano y se trata de renovar las relaciones sobre la base de la desideologización y del interés común.
“No hay razón, entonces, después de que no hubo realmente vencedores ni vencidos, o si hubo un vencedor fue la paz, la amistad internacional y la posibilidad de construir una auténtica democracia, no hay razón repito para mantener esas trampas, esas leyes verdaderamente maliciosas.
“De manera que no es solo porque sea inconstitucional o porque no hay posibilidades de obligar a los EE. UU. a que pague (la supuesta indemnización), sino porque es obligación elemental de derecho, de justicia, de razón y de ética política de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, que debemos derogar la Ley 92”.
En efecto, hay que decirlo ahora, 26 años después de aquella histórica sesión legislativa, la maliciosa Ley 92 fue derogada de manera irrevocable y con efectos irreversibles.