El espectáculo de una OEA maniatada frente a la grave crisis política, económica y humanitaria venezolana ha levantado, con justa razón, severas críticas; pero no debería de extrañarnos, si tomamos en consideración lo que ha sido la historia de la más antigua organización regional, la naturaleza jurídica de las organizaciones internacionales y la realidad política de cada uno de sus miembros.
Las organizaciones internacionales son entes ficticios, creados por la voluntad concurrente de los Estados que las conforman, de forma similar a las sociedades civiles o mercantiles creadas por los particulares. Como toda organización social, la voluntad de quienes las integran es decisiva en la toma de decisiones. Actúan por lo general con bastante retraso frente a los hechos y son un reflejo de las realidades, es decir, de las pugnas y luchas de las grandes potencias por ampliar esferas de influencia, de los intereses y valores particulares de los Estados, así como de los desacuerdos y grandes consensos que dan base a la parálisis o la cooperación entre estos. Desde esta perspectiva, tras del fracaso de la OEA se esconde el fracaso de sus Estados miembros.
Gran parte de la historia de la organización hemisférica transcurrió dando abrigo a las dictaduras militares del continente, apoyadas por su principal socio, los EE.UU. Hoy, que la mayor parte de sus miembros están en transición hacia modernos sistemas democráticos, la OEA sigue siendo un reflejo de las debilidades de muchos gobiernos que no logran llenar las expectativas y necesidades de sus pueblos, empantanados en la corrupción y el narcotráfico e incapaces de defender los valores democráticos. Que Maduro no acceda a convocar a elecciones generales e imponga a sangre y fuego su Constituyente para implantar un régimen comunista de tipo cubano, no se debe a lo que haya hecho o dejado de hacer la OEA, sino a la falta de claridad y compromiso, sobre todo de aquellos países con mayor capacidad económica e influencia política. Lo anterior no solo se reflejó en la ausencia del secretario de Estado, Rex Tillerson, en la fracasada Reunión de Consulta sino, también, en que los miembros del Mercosur en su posterior reunión no fueran capaces de suspender a Venezuela, a pesar de la clara violación por este país de la cláusula democrática, y que finalmente terminaran adoptando en su última reunión en Sao Paulo una “suspensión política”, que poco añade en la práctica a la suspensión acordada desde diciembre de 2016 por incumplimiento de obligaciones económicas y comerciales.
Detrás del llamado “fracaso” de la OEA se esconde otra realidad, que deberá ser enfrentada a corto plazo: el final o la sobrevivencia del modelo cubano, su continuación en una especie de coexistencia pacífica posguerra fría, o su liquidación y la negociación de la retirada y salvaguardia de la vida y bienes mal habidos de sus cabecillas. A esto se debió el último viaje del presidente Santos a La Habana. El problema es que eso todavía nadie lo tiene claro, ni los EE.UU., en medio de grandes turbulencias en el seno mismo de la Casa Blanca y sin un subsecretario de Estado para Latinoamérica, ni los países latinoamericanos, acostumbrados a esperar la señal del gran vecino.
El fracaso de la organización regional abriría paso e indicaría el camino a la organización mundial, la ONU y su Consejo de Seguridad, donde están China y Rusia, ambas con poder de veto. El tablero es más grande. El apoyo político y militar ruso a los bolivarianos ha estado siempre presente; Putin ya reconoció la Constituyente de Maduro y se cree con derecho a tener presencia en Latinoamérica como EE.UU. lo hace en Europa del Este. China, con su clásica diplomacia de muy pocas palabras, buscará cómo sacar provecho económico de los enormes recursos estratégicos y la extrema debilidad de la dictadura.
En la declaración adoptada por los cancilleres que, fuera del marco de la OEA, se reunieron el pasado 8 de agosto en Lima, el tema de las sanciones estuvo ausente, a pesar de las económicas de carácter personal decretadas por Trump. Aunque de mucha importancia, el no reconocimiento de los resultados de la Constituyente no basta: son necesarias medidas más concretas y drásticas. Eso depende no de la OEA, fuera de juego por el bloqueo caribeño, sino de lo que cada gobierno democrático esté dispuesto a hacer y sacrificar por la democracia venezolana.
La sociedad civil latinoamericana, hasta hoy ausente, tiene también la responsabilidad de movilizarse y presionar a los gobiernos, a fin de encontrar la salida pacífica y digna que merece el pueblo venezolano.
El autor es jurista y catedrático.
