Acostumbrada a pagar entre 100 y 200 córdobas mensuales por el servicio de agua potable, a la ciudadana capitalina Yolanda Meléndez, dueña de dos locales pequeños en el barrio El Riguero, se le alteraron los nervios tras ser notificada de dos recibos que suman una deuda con Enacal de 28,035 córdobas. Y aunque interpuso sus reclamos, las autoridades le dijeron que ese monumental cobro era debido a una fuga en los establecimientos.
“El hombre que vino a inspeccionar me dice que ya no hay fuga. Pero a mí no me han enseñado ninguna fuga”, dice molesta Meléndez.
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Después de la inspección, ella interpuso una segunda denuncia en Enacal, pero allí insistieron que el cobró había sido por una fuga. Luego inició un proceso de apelación, que duró seis meses, pero también le dijeron que el cobro era normal y le recomendaron que hiciera un arreglo de pago. Lo curioso del caso es que, después de esos dos recibos “monstruosos”, los siguientes volvieron a la normalidad.
Pocos denuncian
Cada semana el Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor recibe entre 25 y 30 denuncias por recibos de agua alterados y de esas solamente siete completan el proceso.
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“Ha habido un modelo de conformidad en las personas. Ellas a veces van a la empresa distribuidora de agua potable y hacen un acuerdo de pago. No hacen procedimiento de reclamo porque dicen que ‘es más conveniente hacer un arreglo ahorita que estarme desgastando en un proceso administrativo más complejo’”, concluye el coordinador del Centro Jurídico, Juan Carlos López.
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